En Bolivia, los últimos años se manejaron los conflictos como emergencias puntuales, pero detrás del paro de cisternistas que paraliza la distribución de combustibles en Santa Cruz y otras regiones, se esconde un problema estructural como resonó los últimos meses: la rigidez legal de un modelo de abastecimiento de energía centralizado e inflexible. La raíz no es simplemente logística ni cambiaria es institucional.
«Regulación» con fundamentos jurídicos rígidos
Aquí entra la duda ¿qué bases legales existen que realmente son barreras imposibles de sobrepasar por los privados para poder participar en el mercado?
Desde la promulgación de la Ley N.º 3058 de Hidrocarburos en 2005, Bolivia estableció una cadena energética completamente centralizada bajo la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB):
- Artículo 5 (Régimen de propiedad): Declara que los hidrocarburos son propiedad del Estado boliviano (YPFB)
- Artículo 6 (Interés y control del Estado): El Estado participará en toda la cadena productiva, desde exploración hasta comercialización .
- Artículo 16: (Rol de YPFB): YPFB debe participar de forma obligatoria en toda la cadena hidrocarburífera. No se establece una exclusividad absoluta para la importación, pero sí una participación ineludible.
- Artículos 10, 24,17: Establece que YPFB es el encargado exclusivo de la comercialización interna, y se reserva el derecho de importar y exportar hidrocarburos, siendo el encargado de conceder permisos a privados de importar.
- Artículo 17: (Modificación del modelo de contratos): YPFB será parte de todos los contratos de operación.
Esta normativa, junto con el Decreto Supremo N.º 29506 (2008) y resoluciones de la ANH que regulan de manera rígida la importación y comercialización de combustibles por agentes privados esto quiere decir que
En resumen ,aunque no existe una prohibición explícita escrita en una sola línea legal, el marco normativo actual funciona como una red de restricciones indirectas:
- YPFB es el único actor autorizado para importar.
- La ANH no puede otorgar permisos a privados para importar o comercializar productos que no vengan de YPFB.
- Las estaciones de servicio están obligadas a trabajar con producto estatal.
Esta marco legal, pensado para garantizar soberanía energética, en la práctica impide flexibilidad frente a choques externos, a o largo de los años se convirtió en un costo fiscal sostenible enfrentando escenarios de escasez de divisas, inflación importada y presión logística.
Cisternas y distorsión cambiaria
Al día de hoy, según últimos reportes, los transportistas de cisternas denuncian que la tarifa pagada por YPFB no cubre sus costos reales, estimados en Bs 45.000. ¿Por qué esta discrepancia? Porque el 60–70% de sus gastos (neumáticos, repuestos, seguros internacionales) están dolarizados, y el tipo de cambio paralelo (que ronda entre los Bs. 17 y 18) duplica al oficial (Bs 6,96). Esta brecha erosiona márgenes y desincentiva la continuidad de operaciones.
La estructura cambiaria dual distorsiona toda la cadena: YPFB calcula pagos a precios oficiales, pero los operadores compran insumos al mercado negro. El resultado es un traspaso del riesgo cambiario al sector privado que, sin margen de maniobra legal, solo puede parar.
¿Te interesa este análisis?
Recibe nuestras publicaciones directamente en tu correo. Sin spam, solo contenido de calidad.
Efectos inmediatos
- Más del 60% del transporte pesado está detenido.
- Transporte urbano e interprovincial reducido hasta en 50% (en Santa Cruz)
- Interrupción de cadenas agrícolas e industriales que dependen del abastecimiento de diésel.
- Riesgo de un mayor aumento de los precios.
Conclusión
Como ya se vio en la historia y en la actualidad, la economía no se sostiene por promulgación de leyes, ni decretos bien intencionados, si no por incentivos adecuados para que los agentes económicos actúen de acorde a las señales del mercado.
Para atenuar la crisis energética no se puede esperar el tiempo necesario que conlleva un proyecto de ley por lo que es necesario considerar:
- Reformular artículos de la Ley N.º 3058, permitiendo la importación regulada por privados.
- Modificar el DS N.º 29506, habilitando esquemas de co-importación (pa un corto plazo, ya que el tiempo de actuar debe ser inmediato).
- Licencias transitorias ANH para agilizar el proceso de importación.
- Sistema de precios dual, con subsidios focalizados (transporte público, agricultura) y un mercado libre complementario.
