La transparencia presupuestaria no es un asunto administrativo menor. En un país con restricciones fiscales, endeudamiento creciente, tensiones de financiamiento y dificultades para sostener determinadas políticas públicas, saber cómo se formula, aprueba, ejecuta y audita el presupuesto es una condición básica de control ciudadano.
El presupuesto no es solo una planilla contable. Es el documento donde el Estado revela sus prioridades reales: cuánto destina a inversión, cuánto absorbe el gasto corriente, qué supuestos macroeconómicos utiliza, cómo financia sus obligaciones, qué nivel de deuda asume y qué resultados espera obtener. Por eso, cuando el ciclo presupuestario es opaco, no solo se limita el acceso a información pública; se debilita la posibilidad de evaluar la calidad del gasto y los riesgos fiscales.
Evaluando en clave regional
Según se puede observar en el siguiente gráfico, Bolivia aparece con un desempeño muy bajo en transparencia presupuestaria frente a otros países de América Latina y el Caribe. Esta posición es especialmente preocupante porque la apertura fiscal no es una dimensión secundaria del gobierno abierto: es una de sus expresiones más concretas y verificables.
Un Estado puede hablar de transparencia en términos generales, pero el presupuesto muestra si esa transparencia existe en una de las áreas más sensibles: el uso del dinero público. La pregunta de fondo es simple: ¿puede la ciudadanía seguir el ciclo del gasto desde la propuesta presupuestaria hasta la ejecución, el cierre y la auditoría?
En el caso boliviano, la respuesta todavía es limitada. La información existe parcialmente, pero no siempre se publica de manera completa, oportuna, comparable y reutilizable. La literatura sobre apertura fiscal muestra que la transparencia presupuestaria produce mejores resultados cuando combina divulgación, participación y control institucional (De Renzio & Wehner, 2015). No basta con subir documentos: el presupuesto debe poder analizarse, compararse y auditarse.
Qué, cómo y cuándo se publican los datos
La siguiente visualización nos permite constatar una debilidad más específica: la disponibilidad incompleta de documentos presupuestarios públicos en Bolivia. Algunos documentos no se publican oportunamente, otros no están disponibles en línea, algunos permanecen limitados a uso interno y otros directamente no aparecen con la regularidad necesaria.
Este punto conecta con las recomendaciones de International Budget Partnership para Bolivia. La organización plantea que el país debería publicar todos los documentos de la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo antes de su aprobación legislativa, incluyendo el detalle institucional del Presupuesto General del Estado. También recomienda publicar oportunamente el informe previo al presupuesto, los reportes durante el año, la revisión de medio año y el informe de auditoría.
La recomendación no es formalista. Si el presupuesto se conoce tarde, incompleto o en formatos poco reutilizables, la deliberación pública llega cuando las principales decisiones ya fueron tomadas. En ese escenario, la transparencia pierde capacidad de incidencia y se convierte en simple archivo posterior.
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Asignaturas presupuestarias pendientes
La transparencia presupuestaria debería permitir responder preguntas básicas:
- ¿En qué se gasta?
- ¿Quién ejecuta?
- ¿Qué fuente financia el gasto?
- ¿Cuánto se modificó respecto al presupuesto aprobado?
- ¿Qué parte fue efectivamente ejecutada?
- ¿Qué deuda se asumió?
- Cuánto cuesta el servicio de esa deuda?
- ¿Qué resultados produjo el gasto?
Si esas preguntas no pueden responderse de forma clara, oportuna y verificable, el control ciudadano queda debilitado. Y cuando el control se debilita, aumenta el espacio para la discrecionalidad.
La literatura sobre transparencia fiscal y gestión financiera pública sugiere que la apertura presupuestaria puede mejorar la eficiencia del gasto y reducir asimetrías de información, aunque sus efectos dependen de instituciones de control, calidad democrática y capacidad de supervisión (Simone et al., 2019; Debrun & Kumar, 2007). Dicho de forma simple: publicar información ayuda, pero solo si esa información puede activar control legislativo, auditoría, prensa, sociedad civil y consecuencias institucionales.
El PGE y los datos abiertos
Bolivia no necesita únicamente más documentos presupuestarios. Necesita mejores datos presupuestarios.
Eso implica pasar de PDFs y reportes cerrados a bases descargables, comparables y procesables. El presupuesto debería poder analizarse por entidad, programa, fuente de financiamiento, objeto del gasto, territorio, período y nivel de ejecución. También debería permitir comparar el presupuesto aprobado, el presupuesto modificado y el presupuesto ejecutado.
La transparencia fiscal moderna requiere trazabilidad. No se trata solo de saber cuánto se presupuestó, sino de seguir el movimiento del dinero público en el tiempo. Sin esa trazabilidad, la ciudadanía observa cifras aisladas, pero no puede reconstruir el proceso. En este sentido, el portal «Presupuesto Abierto» del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es un paso importante, pero insuficiente.
Una agenda mínima de transparencia y apertura
Una agenda realista de transparencia presupuestaria para Bolivia debería priorizar cinco tareas:
- Publicar de forma completa y oportuna la propuesta presupuestaria del Ejecutivo.
- Publicar reportes durante el año, revisión de medio año e informe de auditoría.
- Mejorar el informe de cierre con datos sobre deuda, supuestos macroeconómicos, resultados de política y ejecución efectiva.
- Convertir la información presupuestaria en bases descargables y reutilizables.
- Fortalecer el presupuesto ciudadano con información clara sobre deuda, servicio de deuda, clasificación del gasto y prioridades públicas.
La transparencia presupuestaria no resolverá por sí sola los problemas fiscales de Bolivia. Pero sin transparencia presupuestaria, esos problemas serán más difíciles de diagnosticar, discutir y corregir.
En síntesis: si no se puede seguir el dinero público, no hay gobierno abierto en sentido sustantivo. Abrir el presupuesto es abrir una de las principales cajas negras del Estado. Y en el contexto boliviano actual, esa apertura no es un lujo técnico; es una condición mínima de responsabilidad fiscal y control democrático.
Referencias
Debrun, X., & Kumar, M. (2007). The discipline-enhancing role of fiscal institutions: Theory and empirical evidence. International Monetary Fund.
De Renzio, P., & Wehner, J. (2015). The impacts of fiscal openness: A review of the evidence. World Bank.
International Budget Partnership. (2023). Open Budget Survey 2023: Bolivia. International Budget Partnership.
Simone, E., Bonasia, M., Gaeta, G., & Cicatiello, L. (2019). The effect of fiscal transparency on government spending efficiency. Journal of Economic Studies.
