Tensiones políticas y consecuencias económicas

Con la celebración de la primera vuelta el 17 de agosto, el panorama electoral cobró una nueva configuración que, de buenas a primeras, daba motivos para recobrar el optimismo. La derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) se vio reflejada tanto en las urnas como en los escaños conseguidos por la hasta entonces oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Esta reconfiguración del escenario político abría espacios para la esperanza en una coalición que, a través de las formación de consensos, permitiera impulsar reformas estructurales. Sin embargo, las recientes tensiones entre varios actores clave ponen en jaque estas posibilidades.

En las siguientes líneas comentamos algunos de los cruces entre las principales autoridades del Estado y las posibilidades de consensos para una transformación económica que estarían en juego.

De la hegemonía del MAS al pluralismo moderado

Tras los resultados de las elecciones de 2020, el MAS obtuvo 75 diputados de 130 y 21 de 36 ciudadanos, lo que supone el 57% de la ALP y equivale a la mayoría absoluta en ambas cámaras, si bien cortos para los dos tercios.

Esta mayoría parlamentaría permitió que el MAS continuara, en la gestión de Luis Arce Catacora, la agenda económica iniciada por Evo Morales, a saber, industrialización forzada y una política redistributiva del ingreso a través de bonos sociales, entre otras medidas.

Ahora bien, al no conseguir los dos tercios, la oposición pudo frenar medidas concretas, como la aprobación de créditos internacionales que, de haberse aprobado, hubieran comprometido todavía más la relación deuda/PIB y el acceso a financiamiento externo para hacer frente a shocks externos.

Este escenario se revirtió en las elecciones de 2025, donde la correlación de fuerzas se invirtió. De la hegemonía del MAS se pasó a un parlamento más fragmentado y equilibrado, de tal modo que la hasta entonces oposición pasó a representar más del 98% de la representación parlamentaria. El MAS, otrora fuerza casi imparable en las dos cámaras, quedaba excluido del senado y conseguía apenas 2 diputados.

En resumen, aquellos que durante más de década y media se opusieron de manera tajante al gobierno de Morales y Arce, se encontraban ahora en una posición en la cual, mediante coaliciones y pactos parlamentarios, podían aprobar cualquier cambio que deseasen, por ambicioso que fuera. Se abren las puertas a un pluralismo moderado con perspectivas de cambios importantes.

Guerras y rumores de guerra

Lejos de la conformación de grandes alianzas encaminadas a transformaciones estructurales, el gobierno de Paz, así como el resto de los partidos de oposición, han demostrado importantes muestras de división.

En un inicio, el anuncio de Jorge Tuto Quiroga de apoyar en sus diferentes agendas al presidente Paz fue recibido como una señal de unidad. Este comportamiento también se pudo observar por el resto de los excandidatos a la presidencia, como Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina (Eju, 2025).

Sin embargo, la luna de miel pronto terminaría, dando paso a una serie de acusaciones y enfrentamientos más o menos directos. Por ejemplo, el senador Branko Marinkovic acusó la designación de Tomasa Yarhui y Rafael López como jefes de bancada como un “dedazo” de Tuto Quiroga (Asuntos Centrales, 2025).

Ahora bien, el hecho que ha despertado más especulación y conmoción en la política nacional ha sido, sin duda, el enfrentamiento cada vez más directo entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara. Este conflicto, que inicialmente nace por la destitución de Vidovic del cargo del Ministerio de Justicia, quien fuera sugerido para el cargo por Lara, debido a su situación judicial. Según acusó el presidente y su equipo, Vidovic tendría una sentencia de tres años, fruto de un caso que terminó con proceso abreviado en 2015 (Erbol, 2025).

Las declaraciones del vicepresidente Lara tenían como objetivo inicial a los hombres cercanos de Paz, incluyendo al ministro de gobierno, Marco Oviedo, pero pronto comenzaron a escalar. En los últimos días, a través de su plataforma de Tik Tok, “Nuevas Ideas con Libertad”, el vicepresidente Lara ha acusado al presidente Paz de “mentiroso” y de no solucionar “los problemas de la gente”.

¿Te interesa este análisis?

Recibe nuestras publicaciones directamente en tu correo. Sin spam, solo contenido de calidad.

Oportunidades perdidas

En condiciones normales, la paralización de la política puede ser algo positivo. Pensemos que, en el acontecer político regular, las propuestas de ley que se presentan en el legislativo suelen ser, en su mayoría, perjudiciales, como la propuesta del diferimiento de créditos, o, en el mejor de los escenarios, intrascendentes. De ahí que el estancamiento legislativo y la división del parlamento en numerosas fuerzas sea, en líneas generales, algo positivo. Evita que los diputados y senadores aprueben normas que dañarían todavía más la economía, o que se distraigan en cuestiones superfluas. Sin embargo, la situación actual de Bolivia es distinta.

Al encontrarse en una crisis profunda y multidimensional, Bolivia necesita de aprobar reformas estructurales con carácter urgente. Estas reformas pueden presentarse en la forma de decretos y leyes, para las soluciones más inmediatas, pero si se desea una transformación real, deberán tocar aspectos centrales de la normativa boliviana, lo que implica una modificación, total o parcial, de la Constitución Política del Estado (CPE).

Veamos algunos ejemplos: El actual sistema de subvención a los hidrocarburos y la centralización de las cadenas de producción y comercialización en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueden corregirse modificando la actual Ley N° 3058, así como otras resoluciones de la ANH. Por otro lado, una ley de cielos abiertos, que reduzca las tarifas que pagan los bolivianos y que aumente la calidad del servicio aeronáutico, podría ser aprobada mediante una ley simple.

Empero, cuestiones como la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra o el sistema educativo difícilmente podrán mejorarse sin alterar el texto constitucional, ya sea de manera parcial, mediante el artículo 411.II, para lo cual se requiere de dos tercios de la ALP, o mediante una reforma total, mediante Asamblea Constituyente, conforme al artículo 411.I, donde los dos tercios vuelven a ser importantes para avanzar hacia una transformación significativa.

Nos referimos a artículos como el 56, donde la “función social” genera interpretaciones que ponen en jaque el derecho propietario. Una reforma laboral sostenible requerirá de modificaciones de los artículos 49 al 56, dando paso a mayor flexibilidad en el mercado del trabajo. Las reformas educativas no se agotarán con la abrogación de la Ley “Avelino Siñani”, sino que, además, se requerirán modificaciones en el artículo 77, permitiendo que el Estado y el sector privado, puedan gestionar una educación basada en la calidad de la enseñanza y no en principios ideológicos. Por último, las posibilidades de mantener el equilibrio fiscal dependerán de que el artículo 158 exija que todo Presupuesto General del Estado (PGE) presente un balance estructural para su aprobación, evitando así los déficits crónicos y recurrentes.

Las posibilidades de un cambio de gran magnitud para los próximos años se van desvaneciendo al tiempo que los partidos políticos no encuentran un terreno común para impulsar medidas que requieren de la formación de consensos y pactos mayoritarios. De igual modo, la tensión entre la presidencia y vicepresidencia del Estado dificultaría todavía más la coordinación entre el ejecutivo y el legislativo.

Conclusión

Naturalmente, las iniciativas de referéndum constitucional tomarán tiempo y precisan de una planificación estratégica no menor. Los bolivianos nos hemos acostumbrado a creer que los cambios en las constitución son una panacea. Lo cierto es que, lejos de ser una solución para todos nuestros problemas, pueden modificar para mejor el marco jurídico elemental, ofreciendo reglas de juego más claras y con incentivos adecuados para los agentes económicos.

Si los conflictos entre los funcionarios del ejecutivo y el legislativo continúan, la nueva configuración del poder político no surtirá efecto alguno. En otras palabras, los bolivianos cambiamos todo para que, al final, no se cambie nada. Cuidemos que la política no entorpezca el proceso de recuperación de la economía.

Es cierto que se han dado algunos pasos en la dirección correcta, como la reciente eliminación de cuatro impuestos –más por sus efectos distorsivos que por su peso en la recaudación–, pero los bolivianos continúan esperando modificaciones estructurales que cambien, de una vez por todas, el paradigma económico del país.

Este escenario, donde el Estado deja de ser el protagonismo para convertirse en un simple garante de la ley y el orden, requerirá de consensos. Una política fragmentada no es, ni de cara a los bolivianos ni a los inversionistas extranjeros, una señal de confianza y certidumbre. Necesitamos autoridades a la altura del compromiso.