En los últimos días se confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió su línea de crédito flexible con Colombia por una cifra que ascendía a los 8.100 millones de dólares. ¿A qué se debió este paso atrás del organismo multilateral?
Términos y condiciones del Fondo
Es bien sabido que los organismos como el FMI no suelen conceder créditos a los países sin que antes éstos se comprometan a cumplir con una serie de objetivos macroeconómicos vinculados a una gestión prudente de las finanzas públicas y otras prácticas de política económica. En pocas palabras, se trata de garantías que aseguran al acreedor que su préstamo será asignado a una persona (país) responsable y con perspectivas positivas de cumplir con sus obligaciones financieras.
Entre estas condiciones encontramos la reducción de los déficits fiscales. De modo general, esta medida suele implicar la reducción del gasto público, por ejemplo, en la forma de reducción del gasto corriente o de la inversión pública. Por ello, para acceder a los recursos que ofrece el FMI, un país debe asumir el compromiso de erradicar o controlar de manera eficiente el déficit fiscal.
¿Qué pasó?
El país gobernado por Gustavo Petro no logró cumplir con las expectativas fijadas por el FMI. Según el mismo FMI, el déficit fiscal de Colombia llegó al 6,7% del PIB para el año 2024, por encima de las expectativas del gobierno; al mismo tiempo, la deuda pública alcanzó el 61,3% del PIB.
Estos datos levantaron la preocupación, como se puede leer en las declaraciones de su staff, publicadas el 18 de abril de 2025: “No obstante, los déficits fiscales y la deuda pública han subido más de lo esperado. El déficit fiscal global del gobierno central se incrementó hasta el 6,7% del PIB en 2024 desde el 4,2% del PIB de 2023, lo que lo sitúa 1,1 puntos porcentuales del PIB por encima de la meta de déficit fijada por las autoridades en el marco fiscal de mediano plazo. El aumento del déficit es reflejo de unos ingresos tributarios menores de lo previsto y de un gasto primario por encima del objetivo, a pesar de los ajustes del gasto realizados a finales de 2024” (FMI, 2025).
Resumiendo, Colombia no fue capaz de reducir de manera suficiente su gasto público, derivando en mayores niveles de déficit fiscal y deuda pública, lo que genera todavía más incertidumbre sobre la sostenibilidad de su economía. A raíz de lo anterior, el FMI, no encontrando las condiciones adecuadas para garantizar que Colombia sería capaz de hacer frente a sus obligaciones crediticias, decide suspender este línea de crédito.
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La moral de la historia
Si un gobierno o candidato plantea recurrir al FMI para captar recursos, deberá ser consciente de que eliminar o controlar del déficit fiscal es una condición sine qua non. Pretender que se podrá acceder a préstamos multimillonarios de dicho organismo sin antes reducir de manera significativa el agujero fiscal, mismo que llegó al 10,9% del PIB en 2023, es simplemente vender falsas esperanzas.
Lo que aquí ha quedado claro es que no se puede sostener el déficit actual (o incluso mantener uno menor pero todavía en niveles considerados elevados) y acceder a los recursos del FMI.
Con miras a lograr un programa de estabilización económica duradero, los gobiernos deberían apostar por recortes drásticos del gasto público, blindar las finanzas públicas mediante reglas fiscales, de modo que no se permita la aprobación de nuevos presupuestos deficitarios, y emprender políticas de desregulación del mercado laboral y comercial, asegurando niveles de inversión privada que hagan frente a la caída de actividad derivada de los recortes del gasto público.
Argentina vs. Colombia
Mientras Argentina, apostando por medidas de shock, consiguiendo superávits fiscales, ha controlado sus niveles de inflación, reactivado la inversión privada, sacando a 4 millones de personas de la pobreza y aumentado los salarios reales, Colombia, tras no cumplir con las metas de déficit, ha visto sus activos desplomarse (Bloomberg, 2025).
Los resultados de estos dos enfoques son evidentes: Argentina, una defaulteadora serial en el pasado, accedió a un préstamo de crédito por 20.000 millones de dólares tras demostrar su serio compromiso fiscal; Colombia, en cambio, ha visto su estancada su petición y ahora enfrenta perspectivas financieras desfavorables, quedando vulnerable ante posibles shocks.
La trampa del gradualismo
El gradualismo ha demostrado ser igual o más pernicioso que la inacción o el aplicar medidas de shock. Esto no significa que los gobiernos no deban hacer nada, pues de persistir en las políticas que nos llevaron a este escenario en primer lugar, las condiciones económicas no harían más que recrudecerse.
Sólo un ajuste fiscal decidido, aplicado de tal manera que se apliquen frenos al creciente gasto público puede evitar que el costo social, reflejado en el estancamiento de la economía y elevados niveles de inflación, se dispare por los cielos.
Más allá de la discusión sobre si el préstamo con el FMI es deseable y/o necesario, cuestión aparte, lo que queda fuera de dudas es que Bolivia no puede continuar ignorando una situación que se ha vuelto insostenible. El compromiso fiscal es, a estas alturas, irrenunciable para toda agenda política comprometida con la estabilización de la economía.
Referencias
Fondo Monetario Internacional (2025) Colombia: Declaración del personal técnico del FMI, recuperado de: https://www.imf.org/es/News/Articles/2025/04/18/pr25116-colombia-staff-statement.
Bloomberg (2025) Activos de Colombia se hunden después de que el FMI suspendiera la línea de crédito, recuperado de: https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/colombia/activos-de-colombia-se-hunden-despues-de-que-fmi-suspendiera-la-linea-de-credito/.
