El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas publicó recientemente el Informe Fiscal correspondiente al primer semestre de 2025, documento que constituye una base fundamental para evaluar el comportamiento de los ingresos y egresos del Sector Público No Financiero (SPNF).
Este semestre estuvo marcado por una contracción económica del 2,4%, en contraste con la proyección de crecimiento del 3,4% establecida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, sobre el cual se planifican los gastos del SPNF. Esta diferencia refleja desde el inicio un desequilibrio fiscal, atribuible tanto a proyecciones excesivamente optimistas como al deterioro de la principal fuente histórica de ingresos del país: los hidrocarburos, que actualmente se han convertido en uno de los mayores componentes del gasto público.
Ingresos del Sector Público
Los ingresos por hidrocarburos disminuyeron en 23% respecto al primer semestre de 2024, una caída esperada tras el vencimiento de contratos de exportación con empresas argentinas.
Los ingresos tributarios mostraron un incremento del 11%, explicado principalmente por el carácter ad valorem de la mayoría de los impuestos en Bolivia (IVA, IUE, IVA Aduanero, entre otros). Dado que la inflación elevó los precios nominales, los ingresos fiscales aumentaron proporcionalmente, aunque sin reflejar un crecimiento real de la actividad económica. Pese a ello, el Gobierno General registró un déficit fiscal de aproximadamente Bs 14.741 millones.
Por otra parte, los ingresos de las empresas públicas aumentaron en 102%, incremento que también puede asociarse a las transferencias recibidas desde el nivel central o de igual manera al efecto inflacionario sobre los precios nominales de los bienes y servicios ofrecidos. En términos de montos, los ingresos ascendieron a Bs 30.786 millones, mientras que los gastos alcanzaron Bs 30.375 millones, resultando en un superávit de Bs 411 millones, equivalente al 0,1% del PIB proyectado por el MEFP y al 3,7% del PIB a precios corrientes del primer semestre de 2025. Sin embargo, cabe advertir que hacia el cierre del año las empresas públicas tienden a registrar elevados gastos laborales, debido al pago del aguinaldo y doble aguinaldo.
En cuanto a los ingresos de capital, se observó un incremento del 269%, aunque en términos absolutos representan solo Bs 88 millones, de los cuales Bs 84 millones corresponden a donaciones de capital.
Egresos del Sector Público
En el primer semestre de 2025, los sueldos y salarios aumentaron en 4%, alcanzando un total de Bs 21.046 millones. Este incremento responde, en parte, al aumento del salario mínimo nacional (SMN) y mas que todo en sectores como educación, salud y universidades, cuyos salarios se estructuran en múltiplos del SMN, los cuales se encuentran dentro del gobierno general por lo que su crecimiento fue mayor en Bs 637 millones, sumando Bs 19.748 millones, mientras que en el caso de las empresas públicas incrementaron sus gastos salariales en menor proporción debido a que normalmente son salarios que se calculan de manera independiente del mismo -a excepción de los que ganan el salario mínimo- aumentando en en Bs 171 millones, llegando a Bs 1.298 millones.
El gasto en bienes y servicios se expandió en 18% respecto al primer semestre de 2024, totalizando Bs 27.960 millones. En el caso del Gobierno General, destacó el incremento de gobiernos municipales con un incremento de Bs 502 millones, alcanzando Bs 3.119 millones el cual podría ser atribuible a su alto consumo de bienes y servicios (combustibles, materiales, limpieza, mantenimiento, etc.), cuyos costos reaccionan de manera inmediata a la inflación o a la expansión de actividades. En cambio, los gobiernos departamentales presentaron un menor aumento claramente por que sus operaciones en gastos no son tan directas como de gobiernos municipales.
En cuanto a YPFB, la situación sigue siendo preocupante: el gasto por concepto de abastecimiento y subvención de combustibles aumentó en Bs 321 millones respecto al año anterior, alcanzando Bs 14.791 millones durante el primer semestre de 2025.
Otro componente relevante fue COMIBOL, cuyo gasto en bienes y servicios se incrementó en Bs 2.611 millones, totalizando Bs 2.842 millones. Este aumento se relaciona con la expansión de la inversión minera y siderúrgica, y con las adquisiciones de material aurífero por parte de EPCORO. En cuanto a ingresos, COMIBOL obtuvo Bs 3.785 millones por la venta de minerales (oro, estaño, zinc, entre otros), destacando Bs 2.547 millones por la venta de oro al Banco Central de Bolivia (BCB), destinada a fortalecer las Reservas Internacionales Netas, y Bs 1.012 millones por la venta de estaño a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).
Asimismo, EMAPA registró un incremento significativo, alcanzando Bs 899 millones, es decir, Bs 604 millones más que el mismo periodo del año anterior. Este aumento se debe al mayor gasto en la adquisición de productos alimenticios subvencionados (arroz, harina, maíz, soya, entre otros), ampliando su peso fiscal.
Los intereses de la deuda pública ascendieron a Bs 5.089 millones en 2025, evidenciando una presión creciente sobre las cuentas fiscales. Entre los acreedores internacionales, destaca la Corporación Andina de Fomento (CAF), a la cual se pagaron Bs 643 millones solo en intereses para el primer semestre, y en el caso de deuda interna los intereses de los bonos en el mercado finacieron sumaron 1403 millones de bolivianos .
Finalmente, se identifican gastos no especificados por un total de Bs 3.451 millones, cuyo crecimiento supera el 100% en los últimos meses, representando un punto crítico en materia de transparencia y eficiencia del gasto público.
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Conclusión
El deterioro de los ingresos hidrocarburíferos (−23%) es más que una variación coyuntural. Marca la transición definitiva de Bolivia de ser un país exportador neto de energía a un importador, con un peso fiscal creciente de YPFB que hoy absorbe recursos equivalentes al gasto total de sectores estratégicos como salud o educación. Esta dinámica indica una dependencia política de la subvención como herramienta de contención social, incluso a costa de las cuentas públicas.
Por otra parte, el crecimiento de los ingresos tributarios (11%) responde más al efecto nominal de la inflación que a una expansión real de la base impositiva. En otras palabras, el Estado está recaudando más -nominalmente- de una economía que produce menos en términos reales, lo que revela una presión fiscal regresiva, con impacto negativo sobre el consumo privado.
Las empresas públicas continúan desempeñando un rol fiscal ambiguo. Si bien muestran un superávit técnico en el semestre, este se explica por factores temporales y contables más que por eficiencia económica. A fin de año, el pago de aguinaldos y doble aguinaldo revertirá gran parte de este resultado, lo que sugiere que la sostenibilidad de su posición fiscal es débil.
En materia de gasto en sueldos y salarios, las remuneraciones públicas crecen incluso en contextos recesivos y casos específicos como YPFB, COMIBOL y EMAPA ilustran la distorsión estructural del modelo empresarial estatal. El aumento del servicio de la deuda señala una etapa de mayor vulnerabilidad financiera que podría presentar una fuerte presión en el mercado financiero en un futuro.
