¿Qué hacer con las empresas públicas?

Datos y relatos

Dentro del bloque opositor se ha establecido un consenso: el gasto público del gobierno boliviano es insostenible. Si bien esto es algo que los economistas venían señalando desde hace ya algunos años, no deja de ser una noticia positiva que, por fin, se reconozca esta realidad.

Ahora bien, ¿qué se planea hacer al respecto? Esto es fundamental, dado que no basta con identificar el problema; hay que, además, apuntar a soluciones estructurales. Un primer paso, luego, consiste en identificar dónde se concentra el gasto público que genera déficit.

Si nos remitimos al “Informe Fiscal 2023” del Ministerio de Economía, notaremos que, de un déficit de casi 35 mil millones de bolivianos, equivalente al 10,9% del PIB, las empresas públicas suponían cerca del 1,3% del PIB. Esto significa que, tras el gasto del TGN (5% del PIB) y el subsidio a los hidrocarburos (4% del PIB), las empresas públicas serían la principal fuente del déficit fiscal que Bolivia lleva arrastrando por más de una década.

Desde la nacionalización de los hidrocarburos por parte del Movimiento Al Socialismo en 2006, la defensa de las empresas públicas ha sido parte central de la agenda del gobierno. Los motivos han sido varios: se aduce que generan un excedente que es luego distribuido a los sectores más vulnerables, que generan empleo y que contribuyen a la industrialización del país.

Pero ¿qué hay detrás de este discurso? ¿Realmente las empresas públicas están generando utilidades que se traducen en beneficios reales para los ciudadanos bolivianos? La realidad y las cifras del propio Ministerio de Economía nos dicen lo contrario. Para comenzar, desde el año 2006 los ingresos totales de las empresas públicas ascienden a 799,8 mil millones de bolivianos, una cifra considerable; sin embargo, sus egresos totales durante el mismo periodo superan los 828,6 mil millones de bolivianos, lo que supone un déficit de 28,7 mil millones de bolivianos.

¿Cómo operan las empresas públicas?

Esto no es todo. Cabe destacar que las empresas públicas operan bajo una lógica distinta a la de una empresa privada. Para comenzar, si nos rigiéramos bajo la más estricta contabilidad, la mayoría de estas empresas, por no decir todas, ya deberían de haber cerrado sus puertas, esto al no ser capaces de obtener ganancias. Recordemos que, desde un punto de vista contable y empresarial, no basta con que una inversión genere más ingresos que egresos, sino que, además, se requiere que el retorno sea tal que justifique su inversión. Naturalmente, este no es el caso de las empresas públicas bolivianas.

Pero hay otro componente de distinción entre las empresas públicas y las privadas. Nos referimos a los recursos extraordinarios que reciben las empresas públicas por parte del Tesoro General de la Nación (TGN) y los empréstitos del Banco Central. Durante el periodo 2006-2023, las empresas públicas recibieron más de 75 mil millones de bolivianos bajo concepto de TGN, mismos que figuran en sus asientos contables como “ingresos”, a pesar de no hacer mérito alguno que justifique esa entrada de recursos, más allá de contar con la bendición del gobierno.

¿Cuál es el impacto de todo ello? Que, si quitamos las transferencias del TGN, es decir, si dejamos que las empresas públicas se paren sobre sus propios pies, el déficit de éstas durante el periodo 2006-2023 pasa de los anteriores 28,7 mil millones a más de 103,7 mil millones de bolivianos.

Más allá de las transferencias del TGN se encuentra el financiamiento del Banco Central de Bolivia (BCB). Si miramos el “Balance Consolidado del Sistema Bancario”, notaremos que el crédito al sector público, específicamente a las empresas públicas, pasó de 3,2 mil millones de bolivianos en 2011 a más de 37,1 mil millones para 2024.

En definitiva, las empresas públicas no podrían funcionar sin la subvención constante y significativa que perciben del gobierno y el Banco Central. Si estos recursos extraordinarios, sus déficits, de por sí abultados, sólo se incrementarían exponencialmente.

¿Qué hacer?

Identificada la situación actual de las empresas públicas, permanece la duda: ¿qué hacer con ellas? Se entiende que las empresas públicas son una las principales de las joyas de la corona de la presente administración, y cabe esperar que, ante un eventual cambio de gobierno, se busque desmantelar su estructura en su totalidad o, en su defecto, parcialmente. Por lo general, esta medida se toma con cautela por parte de los candidatos, pues temen ser tachados de privatizadores o capitalizadores. El estigma que pesa por muchos procesos turbios, arrastrados desde los noventa, permanece intacto en buena parte de la memoria colectiva.

A raíz de ello, es importante que ningún candidato se enfrasque en una lucha vana. No es necesario privatizar ni capitalizar ninguna empresa pública. Es más, resulta dudoso que alguien quiera adquirir determinadas empresas públicas, dadas las falencias estructurales relacionadas a su concepción y ejecución. Por ejemplo, la ubicación del ingenio azucarero en San Buenaventura parece indicar razones políticas antes que económicas en su construcción, lo que vuelve al proyecto poco atractivo a los ojos de inversores privados.

En cambio, el enfoque de los que aspiren a realizar el tan necesario ajuste fiscal que demanda la economía boliviana debería limitarse a eliminar por completo las transferencias del TGN a las empresas públicas. Esto supondría un recorte importante del gasto público, aliviando una presión cada vez mayor sobre las finanzas nacionales.

Por otro lado, restringir el financiamiento del BCB mejoraría el balance de su pasivo. Al no tener que financiar empresas deficitarias que no generan los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones, podrá destinar esos recursos a otras inversiones más rentables dentro del sistema financiero o, mejor aún, no hacer nada.

Conclusión

En resumen, las empresas públicas en Bolivia rara vez han sido rentables. Desde su nacionalización en 2006 hasta el 2023, sólo han mostrado superávit en 6 de los 18 años. Si eliminamos las transferencias del TGN, las empresas públicas consiguen ganancias netas únicamente en 3 de esos 18 años. Por ello, una política fiscal sana de consolidación debería eliminar las transferencias a las empresas públicas, dejando que ellas se paren sobre sus propios pies y justifiquen su existencia, sin ayudas ni recursos extraordinarios del BCB.

Esto no soluciona, ni mucho menos, la crisis económica que atraviesa Bolivia más es un paso necesario para asegurar la estabilización macroeconómica por medio de la reducción del gasto público, evitando así un financiamiento tóxico por medio del BCB. Veámoslo como el primer de los muchos pasos que nos separan para una reorganización de las finanzas públicas, con un primer reto hacia la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario.