En los últimos años, el sector agropecuario -del cual mal del 60% lo conforma el sector agrícola- ha sido el cuarto mayor aportante al PIB de Bolivia, con una participación promedio del 10,6 % y un rango que varió del 11 % en 2014 al 15 % en 2024 posicionándose como uno de los primeros, cifra que se incrementa aún más si se consideran los productos agrícolas procesados por la industria manufacturera, altamente dependiente de la materia prima generada por este sector.
Cuando la minería comenzó a desacelerarse, el sector agropecuario sostuvo su crecimiento, llegando a cifras en 2017 del 7,6 % interanual, manteniendo una tasas positivas de variación a lo largo de los años, en contraste con sectores altamente volátiles, expuestos a las fluctuaciones de los precios internacionales, como los minerales y los hidrocarburos (INE, 2024)
La dimensión externa del agro tampoco es menor. Solo el componente agrícola no industrial generó aproximadamente el 6 % de las exportaciones totales del país, lo que representa alrededor de 500 millones de dólares en 2024. Sin embargo, un análisis más detallado de la estructura exportadora revela que en ese mismo año, el 18,6 % de los 100 principales productos exportados dependía directa o indirectamente del sector agrícola, siendo la torta de soya el producto más destacado con un peso del 6,11 %.
Como se observa en el gráfico 3, durante el primer trimestre de 2025 el sector agropecuario —tanto industrial como no industrial— generó ingresos por 555,6 millones de dólares, destacándose los derivados del grano de soya y la castaña.
La importancia de este sector radica en su contribución macroeconómica, incluso en condiciones de baja productividad relativa. Pese a los rendimientos inferiores a los de la región en varios cultivos estratégicos, como se evidencia en el rendimiento del maíz, trigo o soya, el agro boliviano sigue siendo un pilar clave en el PIB y en la generación de divisas. Productos como los derivados de la soya concentran un porcentaje significativo de las exportaciones, a pesar de que su rendimiento por hectárea se encuentra muy por debajo del promedio sudamericano.
Las oportunidades para el sector son evidentes, pero siguen obstaculizadas por un marco legal restrictivo. Actualmente, Bolivia solo permite el uso de una variedad transgénica (soya RR), mientras que decretos y leyes como la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien impiden la incorporación de tecnologías ampliamente adoptadas en países vecinos. Esta rigidez normativa ha situado a Bolivia como penúltima en el índice regional de capacidad de innovación agroalimentaria y como el segundo país con peor desempeño en desarrollo de cadenas de valor.
Conclusiones
El sector agrícola boliviano ya demuestra su gran importancia en el PIB, empleo y en el ingreso divisas con su gran peso en las exportaciones; lo que falta es liberar los incentivos para que los productividad—y con ella la renta de la tierra— se incremente y su crecimiento por aprovechar.
El rezago normativo en materia de biotecnología agrícola constituye uno de los principales limitantes que enfrenta el sector agropecuario boliviano. La prohibición o demora en la aprobación de organismos genéticamente modificados (OGM) —en particular eventos ampliamente validados en mercados regionales como Brasil, Argentina o Paraguay— impide la incorporación de tecnologías que han demostrado mejoras sistemáticas en rendimiento, resistencia a plagas y uso eficiente de insumos. Esta omisión regulatoria no solo limita la productividad de cultivos estratégicos como la soya, sino que también encarece los costos relativos de producción e impide que el país acceda a economías de escala necesarias para atraer inversión extranjera directa en agroindustria recalcando también las limitaciones en las exportaciones que ya se fue hablando a lo largo de estos meses.
Por tanto, la negativa a actualizar el marco regulatorio no responde a criterios técnicos ni económicos, sino a inercias institucionales que distorsionan los incentivos del sistema productivo. En un contexto de restricciones prolongadas y creciente presión sobre las reservas internacionales, persistir en este bloqueo equivale a renunciar deliberadamente a una de las fuentes más eficientes y sostenibles de generación de divisas para el país. En definitiva, Bolivia no enfrenta un problema de falta de potencial agrícola, sino un de regulación en este sector
