El empleo juvenil es uno de los problemas más persistentes de las economías en desarrollo. Los jóvenes suelen enfrentar una entrada más difícil al mercado laboral: tienen menos experiencia, menos redes, menor historial de productividad observable y menor capacidad de negociación. Por eso, incluso cuando logran trabajar, muchas veces lo hacen en empleos informales, temporales, mal remunerados o desconectados de una trayectoria profesional clara. En Bolivia, este problema aparece con especial nitidez: la informalidad laboral alcanza 87,05% en el primer trimestre de 2026, la desocupación juvenil se mantiene por encima de la desocupación general y el ingreso laboral mensual promedio de los jóvenes con salario es de Bs. 1.965.
El desafío, por tanto, no consiste simplemente en “crear empleo joven”. Esa frase suele ocultar más de lo que explica. La pregunta verdaderamente relevante es qué tipo de empleo se crea, bajo qué condiciones, con qué productividad, con qué posibilidades de aprendizaje y con qué retorno salarial. Una política pública mal diseñada puede ocupar temporalmente a jóvenes sin mejorar su empleabilidad. Una política bien diseñada, en cambio, puede reducir barreras de entrada, conectar formación con empresas, facilitar la formalización y abrir trayectorias laborales más productivas.
El gráfico muestra que la informalidad no es un fenómeno marginal, sino el entorno dominante del mercado laboral boliviano. Esto supone que cualquier política juvenil debe partir de una realidad básica: los jóvenes no ingresan a un mercado formal con algunas excepciones informales, sino a una economía donde la informalidad es la regla.
Lo que la evidencia enseña
La evidencia internacional sobre empleo juvenil permite separar las políticas prometedoras de las que suelen tener bajo impacto. La primera lección es que los programas activos de empleo pueden funcionar, pero sus efectos son modestos y muy dependientes del diseño. Kluve et al. (2019), en una revisión cuantitativa de programas de empleo juvenil, encuentran que estas intervenciones pueden mejorar empleo e ingresos, pero con resultados heterogéneos. Caliendo y Schmidl (2016) llegan a una conclusión similar: no basta con tener programas para jóvenes; importa qué hacen, a quién se dirigen, cómo se implementan y si están conectados con empleadores reales.
Esto es importante para Bolivia. La respuesta no puede ser multiplicar cursos, subsidios o empleos temporales sin evaluar resultados. La política pública juvenil debe operar con mayor disciplina: programas pequeños, medibles, focalizados y con mecanismos de salida. Si una intervención no mejora inserción laboral, ingresos o empleabilidad, debe corregirse o cerrarse.
La segunda lección es que la formación dual y los aprendizajes en empresas son herramientas especialmente valiosas. Riphahn y Zibrowius (2016) encuentran que la formación vocacional y los aprendizajes tienen efectos positivos sobre empleo, empleo permanente de tiempo completo y salarios en etapas tempranas de la vida laboral. Crépon y Premand (2024), al evaluar aprendizajes duales, muestran que estos pueden aumentar la participación juvenil en aprendizajes, mejorar la complejidad de las tareas realizadas y elevar ingresos algunos años después. Hardy et al. (2019), sin embargo, muestran un matiz importante: los beneficios no son automáticos y dependen de la calidad del formador y del diseño del programa.
La conclusión es clara: Bolivia no necesita más capacitación abstracta, sino formación conectada con empresas. Un sistema de formación dual permitiría que los jóvenes aprendan trabajando, adquieran experiencia verificable y reduzcan la principal barrera de entrada al empleo: no tener experiencia previa. Pero debe evitarse que la pasantía se convierta en empleo precario encubierto. La formación dual debe tener tutoría, estándares, certificación y transición hacia empleo formal.
La tercera lección es que la educación técnica puede mejorar empleo e ingresos, pero no como solución automática. Tripney et al. (2013), en una revisión sistemática sobre educación técnica y vocacional en países de ingresos bajos y medios, encuentran efectos positivos, aunque variables. Attanasio, Kugler y Meghir (2011) muestran que la capacitación para jóvenes vulnerables en Colombia elevó empleo formal e ingresos, especialmente entre mujeres. Alfonsi et al. (2020), en Uganda, también encuentran efectos positivos de la formación vocacional sobre resultados laborales.
La política pública debería tomar esta evidencia con seriedad. No se trata de abrir cursos porque sí. Se trata de construir programas cortos, modulares, certificables y vinculados a demanda real. Las empresas deben participar en el diseño de contenidos. Los jóvenes deben saber qué programas aumentan empleabilidad. Y el financiamiento público, cuando exista, debe premiar resultados, no burocracia.
El gráfico muestra que la desocupación juvenil es sistemáticamente superior a la desocupación general. Esto confirma que los jóvenes enfrentan una barrera de entrada más alta y que las políticas deben concentrarse en facilitar su primera experiencia productiva.
Menos barreras de entrada, más formalidad
La cuarta lección viene de la evidencia sobre costos laborales y formalidad. En economías con alta informalidad, contratar formalmente puede ser demasiado costoso para pequeñas empresas. Esto afecta especialmente a los jóvenes, que suelen tener menor productividad inicial observable y requieren entrenamiento. Kugler (2004) muestra que la reducción de ciertos costos laborales en Colombia aumentó la movilidad del empleo formal y contribuyó a reducir el desempleo, con efectos relevantes entre trabajadores jóvenes y educados. Kugler, Kugler y Herrera-Prada (2017) también encuentran que las reducciones de impuestos a la nómina en Colombia estimularon la formalidad. Pagés (2017) resume esta lógica: las reducciones de costos laborales no salariales pueden aumentar el empleo formal, aunque sus efectos dependen del diseño, el contexto y la forma de financiamiento.
Para Bolivia, esto sugiere una medida concreta: reducir temporalmente el costo del primer empleo formal joven. Esto puede hacerse mediante menores cargas no salariales iniciales, trámites simplificados y reglas proporcionales para micro y pequeñas empresas. Pero el diseño es crucial. No debe ser un subsidio permanente ni una excusa para degradar derechos laborales. Debe ser una puerta de entrada a la formalidad, con duración limitada, registro verificable, capacitación y transición gradual al régimen ordinario.
La quinta lección es que la formalización no se consigue solo bajando trámites. Perry et al. (2007) muestran que la informalidad en América Latina responde tanto a exclusión como a decisiones de costo y beneficio. Bruhn y McKenzie (2014) advierten que reducir costos de entrada tiene efectos limitados si no se modifican los incentivos permanentes de operar formalmente. Floridi, Demena y Wagner (2020), en un meta-análisis sobre intervenciones de formalización, encuentran efectos positivos pero modestos y heterogéneos. Cárdenas et al. (2021) son igualmente claros: no existen soluciones fiscales simples y generalizables para reducir la informalidad en América Latina.
Esta evidencia es fundamental para Bolivia. Si la formalidad solo significa más impuestos, más trámites y más fiscalización, muchas unidades económicas seguirán fuera del sistema. Formalizar debe ser conveniente. Eso implica simplificación tributaria, registro digital, costos laborales proporcionales, acceso a crédito, seguridad jurídica, facturación simple, información clara y apertura de mercados. La formalización debe ofrecer beneficios reales, no solo obligaciones adicionales.
Desde un enfoque subsidiario, el Estado no debe reemplazar al sector privado ni administrar empleo artificial. Debe remover obstáculos para que las empresas puedan contratar, formar y crecer. Debe producir información útil, certificar habilidades, reducir costos de entrada, simplificar reglas y evaluar programas. La experiencia laboral, la productividad y los mejores salarios deben construirse dentro de un aparato productivo más dinámico.
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Conclusión
Bolivia tiene una generación joven que participa más, usa más internet y busca insertarse en una economía difícil. Pero esa energía puede desperdiciarse si el país insiste en políticas dispersas, cursos sin demanda y trámites que castigan la formalidad. La evidencia apunta en otra dirección: formación dual con empresas, educación técnica certificable, reducción de costos de entrada al empleo formal, formalización por incentivos y evaluación rigurosa.
El empleo juvenil no mejorará por decreto ni por voluntarismo estatal. Mejorará cuando contratar formalmente sea más viable, cuando capacitar jóvenes tenga retorno para las empresas, cuando los programas públicos sean evaluados y cuando la formalidad deje de ser una carga desproporcionada. Esa es la diferencia entre administrar la precariedad y construir trayectorias laborales productivas.
Referencias
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Bruhn, M., & McKenzie, D. (2014). Entry regulation and the formalization of microenterprises in developing countries. The World Bank Research Observer, 29(2), 186-201.
Caliendo, M., & Schmidl, R. (2016). Youth unemployment and active labor market policies in Europe. IZA Journal of Labor Policy, 5, 1-30.
Cárdenas, M., Fernández, C., Rasteletti, A., & Zamora, D. (2021). Consideraciones para el diseño de políticas fiscales para reducir la informalidad en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
Crépon, B., & Premand, P. (2024). Direct and indirect effects of subsidized dual apprenticeships. SSRN.
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Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., & Saavedra-Chanduví, J. (2007). Informality: Exit and exclusion. World Bank.
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