En una anterior entrada mencionamos que el candidato que resulte ganador de la segunda vuelta y, por tanto, asuma la presidencia el próximo 9 de noviembre, podrá gobernar en la medida en que sea capaz de generar espacios de diálogo y consensos que permitan promover la agenda de ajustes y cambios económicos que eviten la profundización de la actual crisis económica.
Sin embargo, conforme nos acercamos a ese día histórico, nuevos actores han salido a brindar declaraciones que anuncian nuevos escenarios conflictivos que imposibilitarían la aplicación del necesario ajuste. En estas líneas mencionamos algunas de estas posiciones y cómo pueden saltearse a través de diferentes soluciones, enmarcadas en el proyecto del ajuste.
La oposición al ajuste
La Central Obrera Boliviana (COB), por medio de su nueva directiva, se declararon en emergencia y rechazaron la propuesta de eliminación de la subvención a los hidrocarburos. Al mismo tiempo, la COB manifestó su inconformidad con cualquier intento de reforma de la Constitución Política del Estado (CPE). Por último, la dirigencia denunció y rechazó “las propuestas neoliberales de descentralizar y privatizar la salud y la educación”. El argumento que sustentaría esta posición es que, de avanzar con la eliminación o reducción de la subvención, la situación de las familias bolivianas se deterioraría por el aumento de los precios (El Deber, 2025).
El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Sindical de Choferes también expresó su rechazo con la propuesta de levantar la subvención, mencionando que realizarán protestas en fechas aún por definir (La Patria, 2025). Adicionalmente, al tiempo que se declaraban en emergencia, el Comité rechazó el proyecto de ley de importación directa de combustible, medida que busca contrarrestar el desabastecimiento generalizado de combustibles a nivel nacional. En palabras de Lucio Gómez, dirigente del sindicato, la ley busca beneficiar al empresariado cruceño (ATB, 2025).
No hay alternativa
Por mucho que se pueda argumentar que el ajuste tendrá efectos negativos sobre la totalidad de la población boliviana, algo que se podrá expresar en la forma de aumento de precios y del desempleo, nos encontramos ante una disyuntiva bastante clara y simple: O ajustamos ahora, soportando el dolor que ello implica, con miras a retomar el camino del crecimiento con bases reales, la inversión privada –nacional y extranjera– y la creación de empleo productivo, o nos negamos a hacer las correcciones debidas, manteniéndonos en el espejismo de la normalidad, hasta que la realidad estalle delante de nuestras narices.
El famoso “costo social” del ajuste es ínfimo si lo comparamos con dos cosas: 1) La pérdida del poder adquisitivo de las familias bolivianas y la destrucción de empleo en los últimos dos años 2) La crisis económica agravada que heredaremos si no se actúa a tiempo para corregir los desequilibrios impulsados por el gasto excesivo y una subvención insostenible.
¿Te interesa este análisis?
Recibe nuestras publicaciones directamente en tu correo. Sin spam, solo contenido de calidad.
¿Impunidad por intimidación?
La anterior entrada a la que hacíamos referencia mencionaba que, aunque la economía se encuentra en un estado crítico, no el único problema que enfrenta Bolivia. La falta de institucionalidad es la otra cara de la moneda. Esto puede comprobarse, con mayor claridad, en la calidad de la justicia que provee el gobierno.
El ejemplo de la desinstitucionalización del sistema de justicia boliviano se encuentra en la situación jurídica del expresidente Evo Morales, sobre quien pesa una orden de aprensión por varios delitos. En un Estado de Derecho funcional, Morales estaría sometido a un juicio con debido proceso, transparente y ágil, mismo que determinaría su situación jurídica sin dejar margen a controversias. Nada más alejado de la realidad: Morales lleva meses huyendo de la justicia, refugiándose en el trópico de Cochabamba, resguardándose detrás de sus seguidores, quienes lo protegen con picas y escudos rudimentarios.
Morales ha conseguido escapar de la justicia, al menos momentáneamente, por medio de la intimidación. Ante su eventual detención, se ha dado a entender que sus seguidores se movilizarían exigiendo su liberación, lo que daría lugar a nuevos episodios de violencia y convulsión política. Al menos así lo ha manifestado el senador Leonardo Loza: “Aquel gobierno o aquel presidente que solo por intereses políticos busque perseguir o apresar al hermano Evo Morales, tendrán problemas” (Visión 360, 2025).
Corregir la economía será una tarea complicada, por no decir imposible, si primero no se ajustan las cuentas pendientes con el sistema de justicia. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) de revisar los plazos de detención preventiva fue un avance significativo para la situación jurídica de miles de bolivianos que, bajo esta figura, se encuentran privados de libertad. El siguiente paso será cumplir con los procesos investigativos pendientes, evitando a toda costa la repolitización de la justicia, de modo que la culpabilidad o la inocencia de los acusados se demuestre en un juicio transparente y garantista.
Aunque no lo parezca, estos elementos también terminarán influyendo en el futuro del ajuste. Ante la aparente impunidad por medio de la intimidación, movilizaciones y actos de convulsión podrían suceder sin mayores consecuencias. Sin una justicia que actúe de manera oportuna e independiente, los intentos de sabotaje económico, no de protesta pacífica y direccionada, quedarán impunes, con severas consecuencias para los bolivianos que ya sufren, entre otros efectos negativos, el embate de la inflación y la falta de dólares.
Conclusión
En tiempos de recesión económica, alta inflación y desabastecimiento de combustibles, el margen de error para la aplicación de medidas de ajuste económico es mínimo. Las medidas de corrección de los desequilibrios macroeconómicos, como el elevado gasto público o la subvención de los hidrocarburos, deben aplicarse con celeridad, claridad y consensos.
La comunicación de las medidas de ajuste debe ser completamente transparente, apuntando en todo momento a resaltar la necesidad de estas. Por supuesto que tendrán un impacto negativo esperado, sin embargo, el ajuste debe ser presentado como la única salida real para retornar la senda del crecimiento sostenido, eliminar la pobreza y contener la inflación. Lo demás es aventurarse en retóricas demagógicas y en el pensamiento mágico. Ajustar nos saldrá caro, pero no ajustar nos saldrá mucho más.
Una vez más, la capacidad de diálogo con aquellos dispuestos a dialogar, la agenda política, será lo que condicione el éxito del ajuste, la agenda económica.
Referencias
ATB (2025) Choferes rechazan proyecto de ley que permite importación directa de combustibles, recuperado de: https://www.atb.com.bo/2025/10/16/choferes-rechazan-proyecto-de-ley-que-permite-importacion-directa-de-combustibles/.
Centro de Estudios Populi (2025) Conflictividad y protesta social en tiempos de crisis económica, recuperado de: https://populi.org.bo/conflictividad-y-protesta-social-en-tiempos-de-crisis-economica/.
El Deber (2025) La COB se declara en emergencia y rechaza reformas a la Constitución y el levantamiento del subsidio a los combustibles, recuperado de: https://eldeber.com.bo/economia/cob-declara-emergencia-rechaza-reformas-constitucion-levantamiento-subsidio-combustibles_1760632417.
La Patria (2025) Choferes anuncian medidas de presión ante alza en precios de combustibles, recuperado de: https://lapatria.bo/2025/10/08/choferes-anuncian-medidas-de-presion-ante-alza-en-precios-de-combustibles/.
Visión 360 (2025) Senador Loza advierte que si el nuevo Gobierno busca apresar a Evo “tendrá problemas”, recuperado de: https://www.vision360.bo/noticias/2025/10/16/33310-senador-loza-advierte-que-si-el-nuevo-gobierno-busca-apresar-a-evo-tendra-problemas.
