En Bolivia, como en buena parte de América Latina, la modernización del Estado suele presentarse como una agenda tecnológica. Más trámites en línea, más portales institucionales, más servicios digitales, más plataformas de consulta. Todo eso puede ser útil. Puede reducir tiempos, simplificar gestiones y mejorar ciertos procesos administrativos. Pero hay una confusión de fondo que conviene despejar desde el inicio: gobierno digital o electrónico no es lo mismo que gobierno abierto.
El gobierno electrónico se concentra en digitalizar la administración pública. Su lógica es operativa: hacer más eficiente la relación entre el Estado y el ciudadano como usuario de servicios. El gobierno abierto, en cambio, es una agenda institucional más exigente. No se limita a facilitar trámites. Busca que el Estado publique información útil, permita el escrutinio ciudadano, abra canales reales de participación y rinda cuentas sobre sus decisiones.
La diferencia es decisiva. Un Estado puede tener buenos servicios digitales y, al mismo tiempo, mantener cerrada o poco reutilizable la información pública relevante. Puede tener portales modernos, pero publicar datos incompletos. Puede permitir trámites en línea, pero no permitir seguir el gasto público. Puede digitalizar procesos sin abrir el poder.
¿De qué brecha hablamos?
Según se observa en el siguiente gráfico, Bolivia aparece rezagada frente a varios referentes regionales en materia de gobierno abierto. Países como Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia o Argentina muestran mejores desempeños en apertura institucional, acceso a información y mecanismos de participación. La lectura es clara: el problema boliviano no es simplemente tecnológico, sino institucional.
Gobierno abierto significa que la ciudadanía pueda conocer, comparar, analizar y cuestionar la acción pública. Para eso, no basta con que la información exista en algún rincón de una página web. Debe ser completa, oportuna, descargable, comprensible y reutilizable. Más importante aún: debe estar conectada con mecanismos de control. La literatura ha insistido en este punto: la transparencia, por sí sola, no basta si no se articula con rendición de cuentas, sanciones, auditoría y capacidad social de procesamiento de la información (Lindstedt & Naurin, 2010; Bauhr & Grimes, 2014).
Este es uno de los principales desafíos bolivianos. Hay documentos públicos, pero muchas veces en PDF. Hay portales, pero no siempre datos abiertos. Hay servicios digitales, pero no necesariamente trazabilidad institucional. Hay información disponible, pero no siempre información útil.
Digitalizar datos no implica abrirlos
Es este segundo gráfico se observa que Bolivia participa del proceso regional de gobierno electrónico, aunque todavía se encuentra lejos de los países líderes. Este dato es importante porque permite evitar dos errores. El primero sería negar que Bolivia ha avanzado en digitalización estatal. El segundo, más grave, sería asumir que esos avances equivalen automáticamente a gobierno abierto.
La digitalización puede facilitar trámites y reducir costos de transacción, pero no altera por sí misma la relación de poder entre Estado y sociedad. Si un ciudadano puede iniciar un trámite en línea, pero no puede acceder fácilmente al presupuesto ejecutado, a los contratos públicos, a los informes de auditoría o a los datos de desempeño institucional, entonces el Estado se ha vuelto más cómodo, pero no necesariamente más abierto.
La literatura sobre gobierno abierto muestra precisamente esta tensión. Las reformas digitales pueden mejorar la eficiencia administrativa, pero su impacto sobre transparencia, confianza y rendición de cuentas depende de condiciones institucionales más amplias: calidad de datos, capacidad estatal, alfabetización digital, sociedad civil activa y reglas efectivas de acceso a información (Tai, 2021; Wirtz et al., 2022).
Por eso, el riesgo para Bolivia no es solo quedarse rezagada tecnológicamente. El riesgo es construir una modernización superficial: portales visibles, servicios digitales parciales y documentos publicados, pero sin datos reutilizables ni control ciudadano efectivo. En otras palabras: una vitrina digital.
¿Te interesa este análisis?
Recibe nuestras publicaciones directamente en tu correo. Sin spam, solo contenido de calidad.
Reenfocando la cuestión del gobierno abierto
La pregunta central no debería ser cuántos portales tiene el Estado, sino qué permiten hacer esos portales. Un portal público realmente abierto debería permitir descargar bases de datos, revisar series históricas, identificar responsables institucionales, acceder a metadatos, usar formatos legibles por máquina y comparar información entre entidades y años. El estándar no es “subir documentos”. El estándar es permitir que la sociedad use la información pública.
En Bolivia, esto implica avanzar hacia una agenda básica pero decisiva: datos abiertos por defecto, formatos reutilizables, metadatos obligatorios, descarga masiva, interoperabilidad entre instituciones y mecanismos de rendición de cuentas. La prioridad no es prometer inteligencia artificial pública o plataformas sofisticadas. La prioridad es resolver lo elemental: que la información pública pueda ser encontrada, descargada, procesada y auditada.
Cerrar la brecha entre apertura y digitalización
La confusión entre gobierno electrónico y gobierno abierto puede parecer técnica, pero tiene consecuencias políticas concretas. Si se cree que digitalizar trámites es suficiente, la agenda de apertura queda reducida a modernización administrativa. Pero si se entiende que el gobierno abierto exige datos, control y rendición de cuentas, entonces la discusión cambia: ya no se trata solo de eficiencia, sino de límites al poder público.
Bolivia no necesita únicamente más servicios digitales. Necesita datos públicos que puedan ser usados. Necesita presupuestos que puedan seguirse. Necesita contrataciones que puedan analizarse. Necesita auditorías que tengan trazabilidad. Necesita portales que no sean vitrinas, sino herramientas de control ciudadano.
La digitalización puede ser un avance. Pero solo será gobierno abierto si permite que la sociedad entienda, compare, procese y fiscalice la información pública. Esa es la diferencia que Bolivia debe asumir si quiere pasar de la modernización aparente a la apertura institucional.
Referencias
Bauhr, M., & Grimes, M. (2014). Indignation or resignation: The implications of transparency for societal accountability. Governance, 27, 291–320.
Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption. International Political Science Review, 31, 301–322.
Tai, K. (2021). Open government research over a decade: A systematic review. Government Information Quarterly, 38, 101566.
Wirtz, B., Weyerer, J., Becker, M., & Müller, W. (2022). Open government data: A systematic literature review of empirical research. Electronic Markets, 32, 2381–2404.
