Hablemos del gasto público

En los últimos meses se ha escuchado con frecuencia a candidatos presidenciales debatir en los medios de comunicación sobre la situación económica del país. Entre su diagnostico y propuestas destaca una idea común: la necesidad de reducir el gasto público. En este contexto, se vuelve fundamental realizar un análisis riguroso sobre la composición del gasto estatal y comprender los conceptos básicos que permitan interpretar adecuadamente los escenarios económicos y políticos, tanto actuales como futuros.

En términos generales, el “gasto público” se refiere al conjunto de pagos efectuados por el Estado —es decir, el gobierno central, los gobiernos subnacionales y las empresas públicas no financieras— para cumplir con sus funciones. Cuando hablamos del Sector Público No Financiero (SPNF), nos referimos a todas las entidades públicas, exceptuando a las instituciones financieras estatales, como el Banco Central o los bancos de desarrollo.

Si observamos desde una estructura básica del gasto público, se divide entre gasto corriente y gasto de capital. El primero financia las operaciones habituales del Estado —como sueldos, servicios, transferencias y pagos de intereses—, mientras que el segundo corresponde a inversión pública en activos fijos.

Según lo establecido en el  PGE 2024, se destinaria del mismo el 58.6% a gastos corrientes y 16.1% a gastos de capital y un 25.3% a uso de fondos -gastos destinados al pago de deuda contraída con organismos internacionales-. El presupuesto consolidado alcanzó un total de Bs 256.558 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Al observar las operaciones consolidadas del SPNF, losgastos corrientes representaron el 87 % y elgasto de capital el 13 %.

Esto refleja una estructura orientada principalmente a financiar el funcionamiento del aparato publico. Además, esta composición tiene implicancias intertemporales: un gasto corriente recurrente elevado responde a necesidades inmediatas, pero limita la capacidad de asignar recursos a inversión futura o enfrentar choques fiscales adversos. En 2024, el gasto representó el 46 % del PIB.

Empresas públicas

En algunos casos suele asumirse que el mayor gasto de las empresas estatales está relacionado con sueldos y salarios. Sin embargo, los datos muestran una composición distinta. De los 62.638 millones de bolivianos -que representan aproximadamente un 42% del total de egresos del periodo 2024- la composición fue:

• La adquisición de bienes y servicios representan el 65 % del gasto total, es decir, más de 40 mil millones de bolivianos destinados a compras y operaciones logísticas.
• Sueldos y salarios, en cambio, apenas alcanzan el 4,1 % del total, lo cual representa un gasto salarial de 2.596 millones de bolivianos.
• Pago de tributos, equivalente al 16 %, corresponde a transferencias fiscales internas dentro del propio sector público.
• Egresos de capital, que reflejar reinversión o expansión operativa, alcanzan  el 8,2 % del total.

Viendo los datos es evidente que el gasto en empresas públicas está enfocado la adquisición de insumos, servicios y contratos.

Gobierno general

Para 2024 el porcentaje del gasto del Gobierno general represento aproximadamente un 77% del total, el cual si se analiza más a profundidad encontramos:

Que un 86% abarca el gasto corriente y el resto a gasto de capital, en el que el 37% son sueldos y salarios,  y un 28% son transferencias corrientes estas transferencias incluyen subsidios, bonos sociales, programas de ayuda, etc. Entonces aquí se debe hacer hincapié en la gran proporción que abarcan estas transferencias, aquí debemos empezar por la subvención a los hidrocarburos al cual en el PGE 2024 se destino 15 mil millones de bolivianos y sumando lo destinado a políticas sociales: Renta Dignidad, bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, subsidio Universal Prenatal por la Vida, bono Mensual para Personas con Discapacidad Grave.

La elevada proporción de estas transferencias muestra el peso de las políticas sociales y los subsidios dentro del gasto público, lo que exige una revisión crítica de su focalización y sostenibilidad.

Resultado fiscal: Déficit estructural y financiamiento

Para 2024, el déficit global del SPNF alcanza los 32.929 millones de bolivianos, financiado principalmente con crédito interno neto (34.067 millones). Esta brecha fiscal refleja la persistente incapacidad del Estado para equilibrar ingresos y egresos sin recurrir a endeudamiento.

Consideraciones finales

La composición del gasto público en Bolivia revela una fuerte inclinación hacia el sostenimiento del aparato estatal, con un predominio del gasto corriente sobre la inversión productiva. Esta estructura, lejos de ser circunstancial, refleja una lógica de administración orientada al corto plazo, que prioriza el cumplimiento de obligaciones inmediatas —como salarios, subsidios y transferencias sociales— en detrimento de una estrategia de crecimiento sostenible.

La elevada proporción destinada a subvenciones y programas sociales muestra una clara intención redistributiva. Sin embargo, sin una adecuada focalización, estos mecanismos tienden a volverse regresivos o fiscalmente insostenibles. A su vez, el bajo nivel de gasto de capital implica una limitada apuesta por expandir la capacidad productiva del país, lo cual restringe la posibilidad de generar ingresos futuros para aliviar la carga fiscal.

En este escenario, cualquier propuesta de reforma debe estar sustentada en un diagnóstico técnico y realista de la estructura del gasto. Las decisiones no pueden reducirse a eslóganes como “recortar el gasto” o “aumentar la inversión”, sino que deben responder a criterios de eficiencia, sostenibilidad y prioridades.

Es necesario, por ejemplo, evaluar la eficiencia del gasto en sueldos, particularmente en entidades públicas con baja productividad, así como revisar la pertinencia de las transferencias sociales mal focalizadas. Asimismo, la inversión pública debe analizarse no solo por su magnitud, sino también por su calidad y su impacto económico, especialmente considerando que en Bolivia gran parte de esa inversión depende del ahorro externo.

En síntesis, mejorar la política de gasto no pasa solo por recortar o redistribuir, sino por replantear de manera estratégica qué tipo de Estado se quiere construir, con qué funciones esenciales y con qué recursos disponibles