El programa económico del PDC bajo la lupa

La sorpresiva victoria de Rodrigo Paz, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) nos obliga a analizar, en detalle, cuáles son sus propuestas para el país, especialmente en lo que se refiere al área económica.

En las siguientes líneas se resumen y consideran sus principales propuestas económicas, tal y como han sido expuestas en su programa de gobierno.

1. “Objetivos estratégicos”
   1. “Implementar un nuevo modelo económico (50/50), basado en la redistribución fiscal entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades Públicas”: Esta medida tiene tanto componentes positivos como negativos. Es cierto que una mayor descentralización administrativa contribuye a que las decisiones sean tomadas por agentes que están más cerca de la realidad con la que lidian, lo que nos llevaría, en principio, a una asignación más eficiente de los recursos. Sin embargo, cabe destacar que la apuesta por el “50/50” es simplemente cambiar la mano del que gasta, trasladando la factura del nivel central a los gobiernos subnacionales, de modo que no se ataca el principal problema de la economía, a saber, el déficit fiscal.
   1. “Activar la creación de fuentes de empleo en coordinación con el sector privado”: Esta propuesta está poco definida, pues no detalla qué mecanismos incentivarán la creación de empleos ni cómo se daría esa “coordinación” con el sector privado.
   1. “Promover el desarrollo sostenible de la actividad turística”: De forma reiterada, no se desarrolla cómo se daría impulso a un sector que, por su capacidad de generar divisas, jugaría un rol importante en la recomposición de la economía.
   1. “Reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos y promocionar la utilización de energías renovables, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético”: Nuevamente, se nota la ausencia de una explicación más detallada, haciendo referencia, por ejemplo, a los cambios necesarios en las leyes de hidrocarburos que, de aplicarse, posibilitarían la inversión extranjera en procesos de exploración y explotación.
2. “Políticas y estrategias”
   1. Política 1: “Implementación de un nuevo modelo económico basado en la redistribución fiscal 50/50”
      1. Estrategia 1.- “Racionalización, ordenamiento y transparencia del gasto público”: Esta estrategia, que toca uno de los puntos más delicados de todo el programa de gobierno, no detalla ni especifica el cómo se daría esta “racionalización, ordenamiento y transparencia del gasto”, mucho menos el cuánto se ahorraría el gobierno en este escenario (ver más abajo).
      1. Estrategia 2.- “Congelamiento de las actividades de todas las empresas públicas que mantengas déficits operativos”: Falta una referencia a si estas empresas públicas deficitarias sufrirán alguna transformación en su manejo, desde su cierre definitivo, su privatización o capitalización. Del mismo modo, se podría explicitar si, para calcular la situación deficitaria de las empresas públicas se tomarán en cuenta las transferencias corrientes del nivel central, algo que maquilla el resultado de sus balances.
      1. Estrategia 3.– “Reasignación de los recursos públicos ahorrados, manteniendo una regla de déficits cero, hacia los gobiernos subnacionales”:  Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el déficit fiscal generado por los gobiernos subnacionales llegó al 0,5% del PIB para el año 2023, que, sumado a otras partidas, como TGN, empresas públicas, subvención o ABC, suman un déficit total del 10,9%. Anticipando niveles de déficit similares, incluso superiores, el plan no explicita qué recortes se harán ni la cuantificación de su impacto para cerrar la brecha entre ingresos y egresos públicos. En otras palabras, se debería impulsar un ajuste fiscal superior al 11-12% del PIB para que los recursos “ahorrados” puedan ser transferidos a los gobiernos subnacionales sin incurrir en un nuevo déficit.
      1. Estrategia 6.- “Congelamiento de las contrataciones de personal para el nivel central de Gobierno”: Habría que matizar si, además del congelamiento de contrataciones, se contempla la reducción del personal burocrático que depende del nivel central y que no se encuentra en puestos de áreas consideradas esenciales, como salud, educación o defensa.
      1. Estrategia 7.- “Restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos para frenar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda”: Este efecto deseado, el “restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos”, pasa por cortar el financiamiento del déficit por medio del Banco Central, algo que no termina por quedar claro dentro del programa del PDC.
      1. Estrategia 9.- “Creación del Fondo de Estabilización Cambiaria, para unificar el tipo de cambio, a partir de recursos de libre disponibilidad negociados con Banco Multilaterales…”: Si bien es cierto que se necesita crear un fondo de estabilización que refuerce las Reservas Internacionales (estimado en 7 mil millones dólares), persiste la duda sobre si esto sería posible sin, primero, cerrar el agujero fiscal, de modo que los recursos de dicho fondo no terminen yéndose a gasto corriente. Por lo demás, experiencias como la de Colombia nos indican que es difícil recurrir a financiamiento, incluso en etapas preventivas, sin primero sanear las cuentas públicas.
      1. Estrategia 10.– “Implementación de un régimen transitorio de formalización, bajo un esquema de tres años en los que las unidades económicas productivas, que ya existan y que busquen formalizarse, puedan acceder a un esquema simplificado de impuestos”: En este apartado no se detalla cómo se llevaría a cabo la “simplificación de impuestos”. ¿Se eliminarían impuestos, se reducirían sus tasas o ambas? Cabe destacar que, como ilustra el caso reciente de Reino Unido, no se pueden bajar impuestos de manera sostenible sin, primero, recortar en la misma proporción el gasto público. Cortar ingresos tributarios mientras el déficit persiste es impulsar el financiamiento por medio de emisión, con los mismos efectos negativos. Lo mismo aplica para la “Estrategia 16.- “Reconfiguración del sistema impositivo a través del diseño de un nuevo ordenamiento jurídico tributario”.
      1. Estrategia 11.– “Aplicación de la Declaración Jurada y el Compromiso Ciudadano como mecanismo alternativo a todo proceso administrativo y burocrático para la obtención de permisos, licencias, patentes y otros…”: De concretarse, esta política tendría un impacto positivo en la transición hacia una economía más formal, dado que la reticencia a formalizarse no deriva de los costos monetarios, sino de los costos de oportunidad derivados de los tediosos procesos que tienen que atravesar los ciudadanos ante instituciones públicas para formalizarse.
      1. Estrategia 14.- “Recomposición de la matriz de precios de los combustibles fósiles en el país, para reducir los desbalances fiscales”: De estas líneas se intuye un intento por reducir la presión que ejerce la subvención de los hidrocarburos sobre las finanzas públicas. Si bien es importante reconsiderar la viabilidad de un combustible subsidiado, a esta política le falta detallar los precios estimados que plantean ofrecer al público, a fin de permitir una cuantificación de dicho ajuste con relación al déficit (Ver Política 10, estrategia 6).
      1. Estrategia 15.– “Liberalización de exportaciones”: Es importante especificar si se trata de una liberalización completa para todos los productos (alimentos, manufacturas, minerales, etc.) o si, en su defecto, se mantendrán aranceles y cupos en determinados bienes. En el contexto de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, la necesidad de contar con una política arancelaria clara, bien definida y que evite a toda costa los aranceles recíprocos es fundamental.
   1. Política 3: “Creación de fuentes de empleo estables en coordinación con el sector privado”
      1. Estrategia 2.- “Incremento salarial progresivo para mejorar condiciones laborales”: Lejos de mejorar la condiciones laborales, un “incremento salarial progresivo” terminaría por recrudecer las condiciones laborales, tanto de empleadores como empleados. Dado que el salario depende, en última instancia, de la productividad del trabajo, continuar con aumentos salariales que continúen desconectados con la productividad se traduciría en salarios por encima de la capacidad productiva de las empresas, lo que expulsaría del mercado laboral a aquellos trabajadores con menor productividad, como ser jóvenes sin experiencia o adultos mayores.
   1. Política 7: “Fomento de la ciencia, tecnología e investigación a través de la inyección de capital público y privado”
      1. Estrategia 2.- “Incremento sostenido de la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i): Aunque la inversión privada será fundamental para la reactivación de la economía, especialmente en áreas relacionados a los hidrocarburos, el seguir apostando por la inversión estatal podría comprometer la salud fiscal, atendiendo a las otras propuestas de acabar con el déficit.
   1. Política 10: “Reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos y promoción de la utilización de energías renovables”
      1. Estrategia 1.- “Incentivos legales y fiscales para atraer inversión en exploración y explotación”: Sería de gran utilidad el aclarar si esta política contempla romper con el monopolio de YPFB sobre los hidrocarburos, algo que contribuiría a normalizar la situación de desabastecimiento de combustibles.

El programa propuesto por el Partido Demócrata Cristiano, encabezado por Rodrigo Paz, tiene tanto puntos fuertes como debilidades estructurales. Aunque logra enunciar algunas ideas de política pública que, de aplicarse, se traducirían en un beneficio real para la economía, la falta de desarrollo, explicación y análisis de su programa de gobierno genera más interrogantes que certezas.

En un contexto donde el déficit fiscal se convierte en el principal motivo de la crisis económica, el no estimar ni cuantificar el impacto de las medidas de ajuste expuestas por el PDC y Rodrigo Paz pueden conducir a resultados opuestos a los deseados. Si el ajuste no se da en las magnitudes necesarias, por ejemplo, por aumentos netos del gasto o por un programa gradualista, los esfuerzos realizado en dicha dirección podrían volverse vanos.

Las cifras son claras. El agujero fiscal ronda los 35 mil millones de bolivianos (5 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial). Esa es la meta a la que, idealmente, debería llegar todo programa de gobierno, detallando el origen de las partidas a recortar y la magnitud del ajuste en cada caso puntual. Lo demás, es dejar a la imaginación o, peor aún, la improvisación, un tema tan delicado como el futuro de la economía de millones de bolivianos.