El precio del aceite vegetal ha vuelto a los titulares en Bolivia. En los últimos días, su valor en los mercados ha escalado de forma alarmante: en Santa Cruz, pasó de Bs 14 a 20 por botella de 900 ml; en La Paz, supera los Bs 22. Mientras tanto, la empresa estatal EMAPA mantiene el precio en Bs 11, lo que ha provocado un exceso de demanda. Como respuesta el Gobierno ha decidido restringir la venta, a través de la misma empresa (EMAPA)
Pero este no es solo un problema de precios. Es un claro ejemplo sobre cómo el intervencionismo estatal mal diseñado puede profundizar las distorsiones del mercado en lugar de solucionarlas.
El Estado como empresario
La entrada del Estado como productor o distribuidor directo de bienes de consumo básico, como el aceite vegetal, responde a una lógica de “protección al consumidor”. Sin embargo, cuando esa intervención se basa en subsidiar precios o asumir un rol empresarial, lo que ocurre en realidad es una distorsión del mercado al ofrecer precios tan bajos y no van con los principios fundamentales de costo-beneficio.
¿Qué incentivos se están dando?
- Los consumidores acuden masivamente a EMAPA, no porque el producto escasee, sino porque es artificialmente barato.
- Aparecen compradores especulativos, que podrían revender a precios más altos.
- Se desalienta la producción privada, ya que competir contra precios subsidiados es insostenible para la industria.
- Aumenta la presión sobre el suministro, generando las mismas filas y ansiedad que se pretendía evitar.
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La ilusión de los controles
El Gobierno ha declarado que controlará la venta “para evitar el acaparamiento”. Pero aquí se confunde el síntoma con la causa. La sobredemanda no es un reflejo de escasez real, sino de un desequilibrio de precios inducido por el propio Estado.
En lugar de permitir que los precios reflejen la realidad del mercado (es decir, los costos de producción y transporte, la oferta disponible y la demanda real), se impone un precio artificialmente bajo. Esto crea una presión competitiva nula, desincentiva a los productores y, en el largo plazo, afecta tanto al consumidor como al productor.
¿Más industria estatal?
De igual manera el gobierno ha anunciado que pronto comercializará aceite refinado producido por la planta estatal en San Julián. Esto sugiere una profundización del modelo incrementando empresas pública (en su gran mayoría deficitarias) en sectores donde la industria privada ya opera, lo que podría agudizar la competencia desleal y debilitar aún más la capacidad del mercado para autorregularse.
Conclusión
La intención declarada de “no hacer competencia desleal” pierde validez cuando el estado subsidia insumos, accede a créditos más baratos, o impone precios que el privado no puede igualar sin pérdidas.
Lo que se necesita para que los precios dejen de subir precipitadamente es un ajuste fiscal que limite el financiamiento del Banco Central al gobierno, evitando así que los desequilibrios macroeconómicos se trasladen al bolsillo de las personas.
