El pensamiento de suma cero y las instituciones

El dólar subió setenta centavos desde que abandonamos el tipo de cambio fijo. Hace veinte días terminó un cerco a La Paz que duró cincuenta y tres días, y se instauró un estado de excepción. Y hace cinco días el mandato del presidente Rodrigo Paz cumplió ocho meses.

Sí, hay muchos temas que la coyuntura impone. Sin embargo, cuando consigo abstraerme de ella, me interesa reflexionar sobre los grandes desafíos del país e intentar comprender la situación actual como el resultado de procesos y comportamientos acumulados a lo largo del tiempo. Posiblemente, si usted tiene entre treinta y setenta años, ha experimentado, al igual que yo, una preocupante tendencia de deterioro institucional en el país. La sensación es que cada vez seleccionamos peor a quienes dirigen las instituciones; su legitimidad social disminuye y su funcionamiento cotidiano revela carencias cada vez más evidentes. El asunto es que el impacto de un deterioro constante, aunque leve al principio, es letal en el largo plazo. Piense, por ejemplo, en las estructuras prebendares e improvisadas que son hoy nuestros partidos políticos.

Los economistas solemos enfrentar nuestras intuiciones casi siempre de la misma forma. Primero intentamos encontrar datos que refuten o refuercen nuestra impresión subjetiva de la situación. Luego buscamos las relaciones entre lo que observamos y lo que consideramos que son sus causas. Por último, reflexionamos sobre cómo corregir la realidad que nos muestran los datos del primer paso y el razonamiento del segundo.

Empecemos por preguntarnos ¿cómo se mide la calidad institucional? Cada vez existen más organizaciones que asumen este reto y buscan medir la calidad institucional. Está el World Justice Project, está el índice de libertad económica del Fraser Institute o el proyecto Varieties of Democracy. Todos tienen limitaciones metodológicas, y conviene decir, en contra de lo que suele creerse, que los economistas somos conscientes de ellas: ninguno mide una magnitud objetiva como la velocidad de un cuerpo en un laboratorio. En esta entrada uso el que, a mi juicio, abarca el espectro más amplio de la calidad institucional y cubre a la mayoría de los países de la región. Permítanme invitarlos a consultar los Worldwide Governance Indicators, del Banco Mundial, que desde 1996 reúnen las percepciones de ciudadanos, empresas, expertos y organizaciones de más de doscientos países sobre la calidad de la gobernanza. El indicador tiene seis dimensiones; cuatro de ellas —efectividad del gobierno, calidad regulatoria, fortaleza del Estado de derecho y control de la corrupción— son las que se suelen promediar para obtener una medida sintética de calidad institucional. En esta escala, 100 representa la máxima calidad institucional y 0 la mínima.

Primer paso: los datos

El indicador sintético de Bolivia era 47,3 en 1996. Bajó a 42,8 en 2005 y a 34,3 en 2024. Doce coma nueve puntos perdidos en veintiocho años. Es la decimotercera caída más grande del mundo entre las 199 economías con serie completa, y la tercera de América Latina, detrás de Venezuela y Santa Lucía. Pasamos del puesto 110 de 199 al puesto 187 de 215. Del percentil 45 al percentil 13.

En América Latina y el Caribe, en 2024, hay exactamente tres economías por debajo de Bolivia: Nicaragua, Haití y Venezuela. Gracias a Dios por Nicaragua.

Tampoco puede atribuirse el deterioro a una tendencia mundial. El promedio del mundo pasó de 52,6 a 53,1, y el de los países de renta alta de 69,7 a 70,0. En la misma ventana, Uruguay ganó 5,2 puntos, Paraguay 5,1, Colombia 3,4 y Costa Rica 2,0. En 1996 Bolivia le sacaba a Paraguay 9,6 puntos; en 2024 Paraguay nos saca 8,5.

La calidad regulatoria cayó 20,4 puntos. El Estado de derecho, 16,6. El control de la corrupción cayó 8,6, pero partía de 36,2 en 1996: no nos deterioramos desde la excelencia, nos deterioramos desde donde ya estábamos. Y la estabilidad política apenas se movió: 5,4 puntos.

Mi impresión subjetiva, y probablemente también la del lector, era, entonces, acertada. Bolivia atraviesa un proceso sostenido de deterioro institucional que atraviesa buena parte de su historia contemporánea. Aunque este proceso no comenzó con el Movimiento al Socialismo, sí se aceleró durante sus gobiernos.

Segundo paso: por qué

En 1965 el antropólogo George Foster describió una creencia que encontraba una y otra vez en sociedades campesinas: la idea de que la producción total está dada, y de que, por lo tanto, lo que uno gana otro lo pierde. La llamó la imagen del bien limitado. Los economistas denominamos a esta forma de ver el mundo pensamiento de suma cero. En una economía agrícola, donde el crecimiento era prácticamente inexistente, esa intuición podía describir razonablemente la realidad. Lo sorprendente es que haya sobrevivido hasta nuestros días. Desde la Revolución Industrial, el mundo cambió de manera radical: la producción por habitante de la humanidad se multiplicó aproximadamente por quince, en un proceso que la economista Deirdre McCloskey llamó el Gran Enriquecimiento.

Sahil Chinoy, Nathan Nunn, Sandra Sequeira y Stefanie Stantcheva mostraron hace poco que esta creencia predice las posiciones políticas de una persona mejor que su ubicación en el eje izquierda-derecha. Y explicaron por qué sobrevive en un mundo que ya no es de suma cero: sobrevive allí donde la experiencia personal la confirma. Donde hay poca movilidad, donde el ingreso no sube, donde lo que uno ve durante toda su vida es la misma torta repartida de maneras distintas, la evidencia agregada no llega. La experiencia propia la tapa.

Voy a decirle algo que probablemente vuelva a confirmar una intuición suya: a lo largo de su historia económica, Bolivia ha crecido muy poco.

En 1950 el ingreso por habitante de Bolivia era de 3.011 dólares internacionales. En 2022, de 6.481. Se multiplicó por 2,15, lo que equivale a crecer 1,07% al año. Perú creció al 1,74%. Paraguay al 1,82%. Chile al 1,90%. Colombia al 2,02%. Brasil al 2,64%. Corea del Sur al 5,31%. De diecisiete países en la región, Bolivia queda decimoquinta. Por detrás nuestro solo quedan Nicaragua y Venezuela.

Conviene detenerse en dónde estábamos cuando empezó la carrera. En 1950 Bolivia era más rica que Brasil, más rica que Paraguay, más rica que Nicaragua, y triplicaba el ingreso de Corea del Sur. Ocupábamos el lugar trece entre las veintiséis economías latinoamericanas de la base de Maddison: la mitad exacta de la tabla. Hoy ocupamos el veintidós. En 1950 el ingreso de un boliviano equivalía al 87,4% del promedio regional; hoy, al 49,2%. Frente a Estados Unidos, pasamos del 19,8% al 11,1%. No es que la convergencia (ese proceso por el cual los países "se ponen al día" en términos de desarrollo económico) se haya frenado. Es que nunca experimentamos tal proceso.

Traduzco esas tasas a algo más concreto. El ingreso por habitante que Bolivia alcanzó en 2022 lo tenía Perú en 1974. Brasil lo tenía en 1975. Costa Rica en 1972. Colombia en 1979. Ecuador en 1980. Corea del Sur, que en 1950 tenía un tercio del ingreso boliviano, lo pasó en 1982. Paraguay lo hizo en 2008.

Y hay un dato que casi no se menciona y que describe la vida económica del país mejor que ningún otro. Entre 1951 y 2022, Bolivia pasó 43 de esos 72 años con un ingreso por habitante por debajo de su propio máximo anterior. Seis de cada diez años transcurrieron recuperando algo que ya se había tenido. El pico de 1978 se volvió a alcanzar en 2004: veintiséis años. Y estamos otra vez debajo. Con las cuentas trimestrales del INE, el ingreso por habitante de 2025 equivale al 95,8% del de 2019.

El presente confirma la tendencia. Tomando 2017 como base, el producto total creció 3,8% en ocho años: 0,47% anual. El producto por habitante está 2,3% por debajo del nivel de 2017 y 4,2% por debajo del de 2019. Cayó 1,5% en 2024 y 1,8% en 2025.

Un boliviano de sesenta años nació en un país con un ingreso por habitante de unos 3.400 dólares y vive hoy en uno de 6.400. Vio la década perdida de los ochenta. Vio que el máximo de 1978 tardaba veintiséis años en volver. Vio a Perú, a Brasil, a Colombia y a Paraguay pasarnos por encima. Actualmente siente, en sus bolsillos, ocho años de estancamiento económico. Pregúntele a esa persona si la riqueza se crea o se reparte. Y después decida si su respuesta es un error de razonamiento o un resumen honesto de su biografía.

Como sostienen Vincent Geloso y Alex Tabarrok en una reciente publicación, las sociedades prósperas buscan fortalecer la calidad de sus instituciones democráticas para no matar a la gallina de los huevos de oro. El crecimiento es la única forma de que un grupo grande (el demos) se enriquezca; la redistribución puede enriquecer a una minoría a costa de la mayoría, pero no al revés. Bajo el gobierno de una élite pequeña, en cambio, la redistribución sí puede crear gran riqueza para pocos.

Un Estado que reparte una renta que sale del subsuelo no necesita calidad regulatoria ni Estado de derecho: necesita discrecionalidad, necesita poder decidir quién recibe. Y las dos dimensiones que se hunden son exactamente esas dos. El indicador de estabilidad política casi no se deteriora, porque repartir compra paz. En Bolivia, al favor que reparte el Estado lo llamamos pega, y al reparto mismo, cuoteo. Nadie discute si el Órgano Judicial funciona; se discute a quién le toca. Nadie discutía, antes del colapso de las cuentas públicas y la escasez de combustible, si la subvención a los carburantes tenía sentido. Las pugnas distributivas entre las regiones responden al pensamiento de suma cero, pero constituyen un problema de segundo orden si no atendemos el primero: ¿cómo ampliamos la torta?

Se forma así un círculo de retroalimentación. Las instituciones orientadas a redistribuir, en lugar de facilitar la creación de riqueza, generan un crecimiento insuficiente. Ese bajo crecimiento confirma la percepción de que la riqueza es un juego de suma cero. Como consecuencia, la política se concentra en disputar la distribución de una riqueza dada, reforzando las mismas instituciones que dieron origen al problema.

Sé lo que ocurre en la discusión pública boliviana, porque también aquí jugamos al "y tú más". Quien leyó los primeros párrafos buscando una acusación al gobierno actual encontrará su munición en los ocho puntos que el indicador sintético perdió entre 2005 y 2024. Quien la buscaba en sentido contrario la encontrará en los 4,5 puntos y los veintidós puestos que perdimos entre 1996 y 2005, antes de que el MAS llegara al poder. Los datos incriminan a los dos períodos. (Sí, es cierto que el MAS aceleró el deterioro, pero continuó una tendencia que ya existía.) La Capitalización y el Proceso de Cambio son dos maneras distintas de discutir lo mismo: el reparto.

Y a quien crea que basta con esperar el próximo ciclo de precios altos, le dejo un último dato incómodo. Entre 2000 y 2014, con el mejor ciclo de materias primas en un siglo, contratos de venta de gas negociados por 26 años, la condonación de la deuda, el mayor respaldo político y social que una fuerza política recibió desde el retorno a la democracia, la incorporación de millones de trabajadores a la producción por el bono demográfico, el ingreso por habitante de Bolivia creció, apenas, 2,61% al año. El de Perú, 4,64%. El de Paraguay, 3,61%. El de Nicaragua, 3,59%. Crecimos por debajo del pelotón regional durante nuestra mejor década. Si con el gas a precios de récord no convergimos, el problema nunca fue el gas.

Tercer paso: ¿qué hacer?

Aquí soy menos útil de lo que quisiera, y prefiero decirlo a fingir lo contrario.

El primer nivel de respuesta es una lista, y la conocemos: reglas fiscales, independencia del banco central, designaciones por concurso en el Órgano Judicial, apertura comercial, un sistema tributario que grave el consumo y fomente la inversión, etc. Está escrita en decenas de documentos. No tenemos un problema de diagnóstico técnico.

El segundo nivel es el que no sé responder. ¿Cómo se rompe el pensamiento de suma cero cuando lo que lo alimenta es la ausencia de crecimiento, y lo que impide el crecimiento son las instituciones que ese mismo pensamiento sostiene? ¿Usamos la respuesta fácil de la educación? No lo sé. Sospecho que esta trampa se ha roto, históricamente, de dos maneras, y que ninguna es agradable. Una es que una minoría convenza a la mayoría de algo que la mayoría no quiere, casi siempre con un viento externo que empuja en la misma dirección. La otra es que una crisis vuelva imposible seguir repartiendo, como en Bolivia en 1985.

Y aquí regreso a donde empecé. El dólar que subió setenta centavos, el cerco de cincuenta y tres días, el estado de excepción, los ocho meses de un gobierno que heredó una caja vacía: todo eso es la coyuntura de la que quería abstraerme al principio. Pero puede que no sean interrupciones del argumento de largo plazo. Puede que sean su desenlace: el momento en que repartir deja de ser posible porque ya no hay qué repartir. Si esa es la lectura correcta, entonces la pregunta no es si el modelo rentista se acaba, sino qué pensamiento lo reemplaza cuando se acabe.

Lo único que tengo claro es esto. La prebenda, la subvención y el cuoteo político son las tres formas que ha tomado en Bolivia una misma idea: que la riqueza se encuentra y no se produce. Mientras esa idea siga siendo verdadera para la experiencia diaria de la mayoría de los bolivianos, ninguna reforma institucional durará más que el gobierno que la firme. Y mientras nos deje una crisis, quizá valga la pena preguntarnos, por una vez, no a quién le toca lo que queda, sino cómo se hace para que la próxima vez haya más.

Esta entrada le debe su origen a una columna de Jesús Fernández-Villaverde publicada en El Confidencial en diciembre de 2023, donde el pensamiento de suma cero aparece como la raíz del deterioro institucional. Aquí no hice más que llevar esa pregunta a los datos bolivianos. Vaya para él mi agradecimiento.