A mediados del siglo XVII, Potosí —entonces parte de la Audiencia de Charcas española— era el corazón económico del mundo. De sus minas salió el Real de a Ocho de plata, una moneda de 27 gramos que financió imperios y circuló por Europa, Asia y América. En las colonias británicas se le llamaba “táler español”, la raíz tanto de la palabra como del símbolo del dólar. La plata de Potosí alimentó el auge del capitalismo global: la montaña que, como escribieron los cronistas, “alimentó al mundo”.
Sin embargo, siglos después, la misma tierra que una vez acuñó el dinero del mundo enfrenta una escasez de él. La historia de Potosí anticipaba la larga lucha de Bolivia entre apertura y control: un país que en su día encarnó la influencia global pero que ahora lucha con el aislamiento, la centralización y las frágiles instituciones.
El camino económico de Bolivia es uno de promesas interrumpidas. El índice Economic Freedom of the World lo refleja con una precisión sorprendente: entre 1970 y 1985, las puntuaciones se desplomaron bajo el régimen militar y la hiperinflación, alcanzando un mínimo de 4,11, el colapso visible de un modelo liderado por el Estado. El Plan de Estabilización Económica de 1985 marcó un punto de inflexión. La liberalización y la desregulación restauraron la estabilidad, ampliaron el comercio y, brevemente, desataron una ola de energía emprendedora.
Los años noventa impulsaron ese optimismo con una nueva generación de reformas diseñadas para consolidar una sociedad más libre: liberalización comercial, sistemas de crédito modernos, flexibilidad laboral y un Estado más ágil. Pero las reformas siguieron siendo superficiales. La corrupción y el clientelismo político erosionaron la confianza, dejando a los ciudadanos comunes escépticos tanto respecto a los mercados como a la democracia. La pobreza persistió, la frustración aumentó y la desilusión creció.
De este descontento surgió un nuevo populismo. A principios de los 2000, en medio de protestas y disturbios políticos que obligaron a un presidente a dimitir —y cuyo significado total la historia aún no ha juzgado—, se convocaron elecciones para restaurar la calma y Bolivia dio la espalda a los mercados. En 2006, el Movimiento al Socialismo (MAS) llegó al poder prometiendo un “nuevo socialismo”. Mediante una nueva constitución y amplias nacionalizaciones, el Estado reafirmó el control sobre industrias clave, especialmente los hidrocarburos. Los ingresos del gas natural impulsaron el gasto público y crearon brevemente una ilusión de prosperidad.
Durante un tiempo, el modelo pareció funcionar. Los altos precios globales de las materias primas financiaron la expansión fiscal mientras que un tipo de cambio fijo mantuvo la inflación baja. Pero cuando los ingresos por gas comenzaron a caer en 2014, la fragilidad de ese sistema se hizo evidente. En lugar de ajustarse, el gobierno redobló las apuestas. El banco central comenzó a financiar los déficits fiscales crecientes comprando deuda del Tesoro, utilizando las reservas internacionales del país —la base misma de la estabilidad monetaria— para sostener el gasto.
Tras diez años consecutivos de déficits que promediaban el 7% del PIB, la ilusión de reservas inagotables se vino abajo. Para 2023, Bolivia había entrado en una crisis de balanza de pagos. Surgió un mercado del dólar paralelo, los bancos se enfrentaron a dificultades de liquidez y la inflación —que antes fue un caso de éxito regional— resurgió, con una previsión que alcanzará el 20% para finales de 2025. A medida que el sector privado se contraía y la confianza se erosionaba, la economía se deslizó hacia una combinación familiar y peligrosa de estancamiento e inflación: la estanflación.
En este contexto, las elecciones presidenciales celebradas el 17 de agosto enviaron un mensaje contundente al mundo: los bolivianos ya no apoyan la actual senda económica y han cerrado decisivamente la puerta al gobierno del MAS. Sin embargo, tras la segunda vuelta del 19 de octubre, el reformista moderado que salió victorioso ahora se enfrenta a la cuestión definitoria: no solo gobernar, sino cumplir las promesas que atrajeron a una parte del electorado izquierdista desilusionado.
Aunque el MAS ha perdido el control de la Asamblea Legislativa, su legado sigue moldeando el panorama político boliviano. Muchos exlegisladores del MAS que han cambiado de bando aún mantienen su huella, difuminando las líneas ideológicas. El nuevo liderazgo —aún navegando una transición frágil— debe equilibrar las ambiciones reformistas con las presiones populistas para mantener su legitimidad.
En esta encrucijada, la elección ante los nuevos líderes bolivianos es más trascendente que cualquier elección: si persistir en un modelo de control, subvenciones y centralización, o redescubrir los principios de apertura y libertad de los que depende la prosperidad duradera. Su verdadera prueba será el valor para implementar reformas macroeconómicas y estructurales audaces, capaces de restaurar la libertad económica y reconstruir la confianza pública. Exige un ajuste honesto de cuentas sobre las raíces de la crisis y una visión clara de cómo el país puede volver a una prosperidad sostenible.
La tragedia es histórica. Desde la ceca que definió la moneda mundial hasta un país ahora sin dólares, la historia de Bolivia revela una verdad sencilla: la prosperidad no puede ser decretada. Cuando los gobiernos sustituyen la competencia por el control y los mercados por monopolios, incluso las montañas de plata acaban agotándose. El camino hacia la libertad y la prosperidad duradera no reside en una mayor centralización, sino en revivir los principios que una vez llevaron a Bolivia a declarar su independencia y buscar la libertad.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el Fraser Institute: Bolivia’s long journey away from freedom.
