La juventud boliviana no es un grupo marginal dentro de la estructura demográfica del país. Según el Censo 2024, la población entre 15 y 24 años representa más del 18% de la población total. Hablamos de cerca de 1,7 millones de personas que estudian, trabajan, buscan empleo, se forman, emprenden o ingresan tempranamente al mercado laboral. Por eso, discutir la situación de los jóvenes no es hablar de un problema sectorial ni de una preocupación de futuro. Es hablar de una parte decisiva del presente económico y social de Bolivia.
El dato central, sin embargo, es incómodo: el problema de la juventud boliviana no se reduce a la falta de empleo. La dificultad más profunda está en la calidad de la inserción laboral. Muchos jóvenes trabajan, pero lo hacen en una economía marcada por informalidad, subocupación, bajos ingresos y trayectorias laborales débiles. En ese contexto, tener empleo no necesariamente significa construir autonomía económica, acumular experiencia productiva o mejorar las condiciones de vida. En Bolivia, para una parte importante de la juventud, trabajar no basta.
Barreras de entrada
La tasa de desocupación juvenil ha sido sistemáticamente superior a la tasa de desocupación general. En 2016, la desocupación de los jóvenes de 15 a 24 años era de 6,81%, frente a 3,50% para la población de 15 años o más. En 2024, ambas tasas habían bajado, pero la brecha persistía: 4,27% en jóvenes frente a 2,73% en la población general.
El episodio de 2020 mostró con claridad esta vulnerabilidad. Durante el shock de la pandemia, la desocupación juvenil llegó a 16,07%, mientras que la tasa general alcanzó 7,90%. Es decir, cuando la economía se deteriora, los jóvenes suelen recibir primero el impacto. No es difícil entender por qué: tienen menos experiencia, menor estabilidad contractual, menos redes laborales, menor poder de negociación y mayor exposición a empleos temporales o informales.
El gráfico muestra que la desocupación juvenil se mantiene por encima de la desocupación general durante todo el periodo. Esto supone que los jóvenes no enfrentan simplemente el mismo mercado laboral que los adultos, sino que lo enfrentan desde una posición más frágil.
Pero incluso esta lectura puede quedarse corta. En una economía como la boliviana, la desocupación abierta no siempre captura la verdadera magnitud del problema laboral. Muchas personas no pueden darse el lujo de permanecer desempleadas durante mucho tiempo. Aceptan trabajos informales, parciales, inestables o de baja remuneración porque necesitan generar ingresos. Por eso, una baja tasa de desempleo no necesariamente refleja un mercado laboral saludable. Puede reflejar una economía donde la necesidad obliga a trabajar, aunque el trabajo disponible sea precario.
El contexto general confirma esta hipótesis. La informalidad laboral en Bolivia se mantiene por encima del 80% durante todo el periodo analizado y alcanza 87,05% en el primer trimestre de 2026. A ello se suma la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, que en el mismo periodo llegó a 6,36%, por encima de la desocupación abierta. En términos simples, hay personas que aparecen como ocupadas, pero trabajan menos horas de las que quisieran y están disponibles para trabajar más.
Este es el mercado laboral al que ingresan los jóvenes. No entran a una economía formal, dinámica y expansiva que luego presenta algunos bolsones de precariedad. Entran, más bien, a una estructura donde la informalidad es la regla, donde la formalidad es la excepción y donde buena parte del empleo disponible tiene baja productividad.
Ingresos bajos y menos autonomía
El problema se vuelve más claro cuando se observan los ingresos. Entre los jóvenes con salario, el ingreso laboral mensual promedio es de Bs. 1.965. Además, 73,9% de los jóvenes asalariados gana menos de Bs. 2.500. La distribución interna también es reveladora: 10% gana menos de Bs. 1.000, 37,5% se ubica entre Bs. 1.000 y Bs. 1.999, y 41,5% entre Bs. 2.000 y Bs. 2.999. Solo una minoría accede a ingresos superiores.
Estos montos permiten entender por qué la inserción laboral juvenil no puede medirse solamente por la ocupación. Un joven puede estar trabajando y, aun así, no tener condiciones reales para independizarse, sostener gastos básicos, ahorrar, continuar estudiando, acceder a crédito o formar un hogar. El empleo de bajo ingreso reduce la autonomía económica y retrasa decisiones centrales de la vida adulta.
Además, el ingreso mensual está condicionado por la cantidad de horas trabajadas. Según ILOSTAT, el promedio de horas trabajadas por semana por los jóvenes cayó de 31,31 en 2021 a 28,35 en 2024. Al mismo tiempo, la ganancia horaria promedio subió de Bs. 14,66 a Bs. 17,03. A primera vista, el aumento de la remuneración por hora parece positivo. Sin embargo, la caída de las horas trabajadas limita su efecto sobre el ingreso total. Ganar algo más por hora no garantiza una mejora sustancial si se trabaja menos, si el empleo es discontinuo o si la jornada disponible es insuficiente.
La consecuencia es una transición incompleta hacia la adultez económica. Los jóvenes participan más en el mercado laboral, pero no necesariamente consolidan trayectorias laborales estables. Trabajan, pero muchas veces en condiciones que no permiten acumular capital humano, experiencia formal o ingresos crecientes. La economía los absorbe, pero los absorbe mal.
Este diagnóstico obliga a mirar el problema desde la productividad. Los ingresos bajos no son únicamente una cuestión distributiva. Son también el reflejo de una economía con baja productividad promedio, alta informalidad, escasa sofisticación empresarial y baja capacidad para generar empleos formales. Si las empresas no crecen, no invierten, no innovan y no se formalizan, difícilmente podrán ofrecer mejores salarios. Y si el costo de contratar formalmente es demasiado alto para pequeñas unidades productivas, el resultado será más informalidad y menos oportunidades de entrada para los jóvenes.
Por eso, la política pública juvenil no debería limitarse a programas aislados de capacitación ni a empleos temporales financiados desde el Estado. La evidencia internacional sugiere que los programas de empleo juvenil funcionan mejor cuando están conectados con empresas, formación práctica, certificación de habilidades y demanda laboral real. Las intervenciones genéricas, burocráticas o desvinculadas del sector privado suelen tener efectos modestos y poco sostenibles.
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Conclusión
Bolivia necesita un enfoque distinto. No basta con celebrar que los jóvenes trabajen. La pregunta relevante es si ese trabajo les permite aprender, formalizarse, ganar mejor y construir independencia. Tampoco basta con insistir en que el Estado debe “crear empleo”. El empleo sostenible surge de empresas productivas, inversión privada, reglas claras, formación pertinente y menores barreras a la formalidad.
La juventud boliviana no necesita ser administrada como una población vulnerable permanente. Necesita un mercado laboral que le permita desplegar capacidades, acumular experiencia y transformar esfuerzo en movilidad social. Mientras el país siga ofreciendo a sus jóvenes empleos informales, ingresos bajos y jornadas insuficientes, estará desaprovechando una parte central de su futuro productivo.
