Un análisis del discurso político y de los planes de gobierno de las diferentes alianzas que se perfilan de cara a las elecciones de agosto nos indica que una verdad a calado hondo en la mentalidad boliviana: un ajuste fiscal es necesario.
Si los actores políticos, incluidos los del propio gobierno, tienen dimensionado la magnitud del ajuste necesario, está fuera del alcance del presente artículo. En cambio, quisiera centrarme en otro aspecto, a saber, la necesidad de construir un consenso que posibilite y facilita la aplicación de recortes estructurales del gasto público.
La futura configuración legislativa
Las encuestas suelen considerarse instantáneas del sentimiento de los votantes. Nada garantiza que su comportamiento electoral será exactamente eso, pues todos los días se puede dar una declaración desafortunada que modifique las preferencias del ciudadano. Sin embargo, las encuestas nos permiten extraer una conclusión que no resultará difícil de asimilar: el electorado boliviano se encuentra altamente fragmentado y el voto se dispersará en casi una docena de actores y candidatos.
¿Cuál es la consecuencia esperada? Naturalmente, ante un electorado tan heterogéneo, se anticipa un parlamento abigarrado, con diferentes frentes ideológicos, desde una centro derecha, hasta una izquierda más militante. Pero, ¿por qué esto es importante?
De la desconcentración al estancamiento
En cualquier otra circunstancia, un parlamento mixto y con una representación más cercana a las perspectivas de los votantes es considerada una opción más favorable que un sistema bipartidario, donde el votante se ve constreñido a escoger entre dos opciones.
Ahora bien, en el caso particular boliviano, la dispersión del voto puede llegar a convertirse en un problema si consideramos el momento crítico que vive la economía. Al contar con un parlamento tan fragmentado, conformar mayorías que permitan la aprobación de proyectos de gran envergadura, como los de liquidación de empresas públicas o de recortes en el subsidio a los hidrocarburos, se convierte en una auténtica travesía legislativa.
En definitiva, Bolivia necesita que sus parlamentarios estén a la altura de las circunstancias históricas a fin de que esos ajustes de recorte del gasto público puedan ser aprobados. De lo contrario, las leyes quedarán paradas en un estancamiento perjudicial que atrasará la reconfiguración de la economía boliviana, ahora bajo supuestos más apegados a la realidad.
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El ajuste es necesario
No debe pasarse por alto que, además de conseguir que el ajuste sea legislativamente viable, también se cuenta con la responsabilidad de volverlo socialmente deseable. Naturalmente, es difícil desacostumbrarse de la ficción en la que vivíamos, con dólares y combustibles artificialmente baratos.
Es aquí donde surge la necesidad de comunicar de manera asertiva que el ajuste, más allá de una situación que demanda sacrificios en el corto plazo, es la condición sin la cual no será posible ningún tipo de progreso en el largo plazo. La alternativa, el no ajustar, es únicamente al aplazamiento de los efectos negativos de veinte años de mal manejo económico.
Ya existe un cierto consenso entre las élites políticas de que el ajuste es necesario. Las siguientes tareas son convertir el ajuste en algo viable políticamente y atractivo socialmente. De eso dependerá la estabilidad económica de los próximos años.
