Bolivia, un autoritarismo híbrido

El pasado 7 de agosto, en la UPSA, se presentó el proyecto «Tyranny Tracker», una herramienta de investigación de la Human Rights Foundation que analiza y clasifica a los regímenes políticos del mundo.

Cómo clasifica el tracker

El tracker evalúa cada país en tres dimensiones, que llama pilares.

Competencia electoral. Si la autoridad que gobierna impide que la oposición compita en igualdad de condiciones. Se refiere a elecciones nacionales, de ejecutivo y de legislativo.

Libertad de disenso. Si se reprime a la prensa independiente, a las organizaciones civiles y a quien critica al gobierno. El tracker usa «disenso» en sentido amplio: incluye a periodistas y activistas, y también a artistas, académicos, abogados y líderes religiosos.

Rendición de cuentas institucional. Si los tribunales, el legislativo y los órganos reguladores conservan capacidad de frenar al gobierno entre una elección y otra.

El procedimiento tiene dos pasos. Primero, investigadores regionales aplican una lista de 45 indicadores. Son preguntas cerradas: ¿la autoridad gobernante inhabilitó a un candidato opositor?, ¿cerró un medio independiente?, ¿reformó los tribunales para reducir su independencia? Con esa evidencia deciden si cada pilar está largamente presente, debilitado o ausente. Segundo, una tabla publicada convierte esas tres evaluaciones en un tipo de régimen. Si las elecciones están debilitadas y los otros dos pilares ausentes, el país queda como autoritarismo pleno. Si los tres pilares están debilitados, queda como híbrido. Si los tres están presentes, como democracia.

Qué pilar cede primero

La clasificación general resume tres evaluaciones en una etiqueta. Si se abren esas tres, aparece un patrón.¹

La competencia electoral es el pilar que más países conservan: 83. La rendición de cuentas institucional es el que menos: 62. Y la comparación caso por caso apunta en la misma dirección. De los 163 Estados con evaluación por pilar, 26 tienen el pilar institucional peor calificado que el electoral, y solo 2 al revés. Los tribunales y los organismos de control ceden antes que las urnas.

Esto coincide con lo que documenta la literatura sobre erosión democrática. El autoritarismo actual no suele empezar por suspender elecciones. Empieza por nombrar jueces afines, capturar el órgano electoral y vaciar de atribuciones a los organismos de control, mientras las elecciones se siguen celebrando en fecha. Doce países que el tracker clasifica como democracias tienen ya debilitado ese pilar: Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Israel, Kosovo, Macedonia del Norte, Mongolia, Montenegro, Paraguay, Perú, Polonia y Ucrania.

Bolivia, según el tracker

El Tyranny Tracker clasifica a Bolivia como un país gobernado por un régimen autoritario híbrido, y llega ahí por el camino recién descrito: el pilar electoral sigue en el rango democrático, y son los otros dos —la libertad de disenso y la rendición de cuentas institucional— los que lo sacan de la categoría.

El país mantiene elecciones multipartidistas y una competencia política activa, pero combina esos elementos con una fuerte polarización y una institucionalidad cuestionada. Desde 2006 la política estuvo dominada por el MAS y el proyecto de Evo Morales, período en el que también se produjo una creciente concentración de poder en el Ejecutivo y un debilitamiento de los mecanismos de control institucional. La crisis electoral de 2019 profundizó la desconfianza política, mientras que las elecciones de 2020 restablecieron la competencia electoral sin resolver las tensiones institucionales. Después, la división del MAS entre las corrientes de Evo Morales y Luis Arce reconfiguró el escenario. La elección de Rodrigo Paz en 2025 marcó el retorno de un presidente ajeno al MAS luego de casi dos décadas. Los procesos judiciales derivados de la crisis de 2019, sin embargo, mantienen abierta la disputa sobre la independencia institucional y el equilibrio político del país.

La región

De los 25 Estados americanos clasificados, 19 son democracias. De los seis restantes, Cuba, Nicaragua y Venezuela son autoritarismos plenos, con los tres pilares ausentes. Bolivia, El Salvador y Honduras son híbridos, y llegaron ahí por caminos distintos.

Bolivia es el único de los tres cuyo pilar electoral sigue en el rango democrático. El Salvador tiene el pilar institucional directamente ausente, y Honduras arrastra en la competencia electoral un deterioro que Bolivia no registra.

Qué mide, comparado con otros índices

Hay varios índices que miden la calidad de las instituciones políticas. Varieties of Democracy, de la Universidad de Gotemburgo, trabaja con miles de expertos por país y cubre desde 1789. Freedom House publica su informe anual desde 1973. El índice de The Economist ordena a los países en una escala de cero a diez. Polity mide características del régimen desde 1800. Todos son útiles y ninguno sobra.

Lo que cambia entre ellos es la pregunta que están preparados para contestar. Los índices continuos y de series largas responden bien a preguntas de trayectoria: cuánto se movió un país, en qué década, comparado con qué otro. El Tyranny Tracker responde a preguntas de conteo y de perfil: cuántos casos hay de cada tipo, cuánta gente vive bajo cada uno, qué parte del sistema político falla primero.

Dos rasgos propios refuerzan esa vocación. El primero es la unidad de análisis: el tracker no codifica solo Estados, sino autoridades de facto. Libia aparece tres veces, según quién controle el territorio. Yemen, tres. El Sáhara Occidental, dos. Crimea, el Tíbet, la Región Uigur, Somalilandia y Transnistria tienen ficha propia. La pregunta que responde no es cómo es el régimen de un país, sino bajo qué autoridad vive esa gente. El segundo es que incluye a actores no estatales aliados del gobierno cuando actúan como extensión de la represión oficial.

Contar Estados y contar personas

Entre los 165 Estados soberanos clasificados, las democracias son el grupo más numeroso: 73, contra 67 autoritarismos plenos y 25 híbridos. Si en vez de contar Estados se cuentan habitantes, el orden se invierte.

Dos países explican gran parte de la diferencia. India tiene 1.451 millones de habitantes y está clasificada como autoritarismo híbrido: por sí sola aporta más de la mitad de esa categoría. China tiene 1.409 millones y está clasificada como autoritarismo pleno. Entre las dos suman el 35 % de la población cubierta, y ninguna aporta habitantes al casillero democrático. Detrás vienen Estados Unidos e Indonesia, y después Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladés, Rusia y Etiopía.

De ahí sale el resultado que más conviene retener: de cada cuatro personas en el mundo, menos de una vive bajo un gobierno que rinde cuentas, permite disentir y puede perder una elección.

Ingreso y tipo de régimen

La relación entre nivel de ingreso y democracia es una discusión vieja. La hipótesis de modernización, formulada por Lipset en 1959, sostiene que el crecimiento económico produce las condiciones que sostienen a la democracia: clases medias, escolaridad, vida urbana. La revisión de Przeworski y Limongi cambió el énfasis: el ingreso no parece producir democracias nuevas, pero sí reduce mucho la probabilidad de que una democracia existente se caiga.

La proporción de democracias baja de manera continua a medida que baja el ingreso: 80 % en el grupo de ingreso alto, 50 % en el medio-alto, 17 % en el medio-bajo y 4 % en el bajo. La asociación existe.

Ocho países de ingreso alto están clasificados como autoritarismos plenos: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin, Omán, Brunéi y Rusia. En los ocho, los hidrocarburos financian una parte central del presupuesto público. Esto conecta con la hipótesis del Estado rentista: cuando el gasto se paga con regalías y no con impuestos cobrados a los ciudadanos, el gobierno depende menos de ellos, y el nivel de ingreso deja de estar asociado a la apertura política. Los dos híbridos de ingreso alto, Hungría y Singapur, responden a otras razones.

Instituciones económicas e instituciones políticas

Las bases de datos se constituyen como bienes públicos puestos a disposición de los investigadores para responder a las grandes preguntas de la humanidad. Una de las más antiguas de las ciencias sociales es la que vincula la forma en que una sociedad organiza su economía con la forma en que organiza su poder político: la relación entre las instituciones políticas y las instituciones económicas. Hace poco, un paper de Vincent Geloso y Alex Tabarrok volvió sobre esa pregunta. El punto de partida son tres posiciones clásicas, de las cuales dos predicen lo mismo.

Posición	Quiénes la sostienen	Correlación que predice
La democracia socava al capitalismo	Madison, Mill, Schumpeter; en versión formal Meltzer y Richard, Caplan; también Marx, que lo veía como algo deseable	−
El capitalismo socava a la democracia	Reich, Kuttner, Piketty; en versión moderada Sen	−
Se refuerzan mutuamente	Mises, Hayek, Friedman, Berger	+

Los autores miden la organización económica con el índice de libertad económica del Instituto Fraser y la democracia con el índice de democracia liberal de V-Dem, y encuentran una correlación positiva de 0,64. El dato va en la dirección de la tercera posición y no de las dos primeras, que predicen el signo contrario.

Ese ejercicio se puede repetir con el Tyranny Tracker, que aporta algo distinto: una medida de régimen categórica en lugar de continua. Cruzamos su clasificación con el puntaje de libertad económica de 2023 del Monitor de Libertad Económica de POPULI. Las dos bases coinciden en 155 países.

El gradiente vuelve a aparecer, y arriba es más nítido que el del ingreso: 87 % de democracias en el cuartil de mayor libertad económica, 56 % en el siguiente, 28 % en el tercero y 15 % en el último. Leído al revés, el puntaje promedio es de 7,12 entre las democracias, 6,50 entre los híbridos y 5,76 entre los autoritarismos plenos. La correlación de rangos entre libertad económica y severidad del régimen es de −0,61 sobre esos 155 países, un valor parecido al que obtienen Geloso y Tabarrok con una medida de democracia completamente distinta.

Lo más elocuente está en el extremo. De los treinta países con mayor libertad económica del mundo, veintiocho son democracias. Si se toma el tercio más libre —51 países— las excepciones son apenas siete, y se dejan nombrar una por una.

Cuatro son economías pequeñas y muy abiertas al comercio, con Singapur como el caso testigo de siempre. Las otras tres —Jordania, Baréin y Emiratos Árabes Unidos— son monarquías donde la renta de los hidrocarburos financia buena parte del presupuesto: exactamente el mecanismo rentista que apareció al mirar el ingreso. Sobre estas últimas, Geloso y Tabarrok recuerdan que el índice de Fraser no descuenta que los derechos de propiedad de las mujeres sean más restringidos que los de los hombres, y que al corregir esa omisión —como propuso Rosemarie Fike— esos países bajan bastante en el ranking.

El otro extremo confirma la lectura por simetría. En el cuartil de menor libertad económica hay solo seis democracias, y la más extrema es Argentina, en el puesto 149 de 155. Venezuela cierra la tabla en el 155, como autoritarismo pleno.

Un corte de un solo momento no prueba causalidad. El punto es más modesto y más firme: la libertad económica y la libertad política coexisten. Tener mucha de una sin la otra es raro, identificable y explicable caso por caso. En los datos no hay señal de que una sociedad deba elegir entre organizar su economía por decisiones privadas y organizar su poder por elecciones competitivas; lo que se observa es que las dos cosas viajan juntas.

Para Bolivia, el cruce ubica el problema con precisión. Con 6,05 puntos ocupa el puesto 107 de 155, por debajo de Chile (22), Perú (45), Uruguay (48) y Paraguay (54), en el mismo tramo medio-bajo donde su clasificación política dejó de ser democrática.

Ahí aparece el segundo uso de una base como esta: no servirá solamente para evaluar la realidad política del mundo desde un punto de vista descriptivo, sino como insumo para el desarrollo de investigaciones que vinculen esa variable con otras y nos permitan comprendernos un poco más.

Más instrumentos para las preguntas de nuestra generación

El Tyranny Tracker no compite con los índices que ya existen ni los reemplaza: se suma a ellos. Cada uno está preparado para contestar una clase distinta de pregunta, y disponer de varios a la vez es lo que permite pasar de la impresión al dato. Contar con más y mejores indicadores —construidos con reglas explícitas, publicados abiertamente y expuestos al escrutinio de quien quiera revisarlos— es la condición práctica para responder con algo más que intuición las preguntas que le tocan a nuestra generación.