El nuevo dato de inflación del INE fue recibido con mucho optimismo. Para el mes de agosto se registró una variación positiva del IPC de 1,01%, lo que contrasta con los observados para meses anteriores. Para ponerlo en perspectiva, el mes de junio se llegó a un pico de inflación, cuando se registró un 5,21% de variación mensual. El mes siguiente, en julio, la inflación fue de 1,20%. En resumen, los últimos dos datos parecen indicar una moderación en el aumento de los precios. Sin embargo, las autoridades y la ciudadanía deberían permanecer cautas.
Lo primero que se debería mencionar es que, aunque la inflación del mes de julio es baja, lo que es positivo, la inflación acumulada en lo que va de 2025 ya supera el 18%. Esto más que duplica las proyecciones del gobierno en el PGE y supera con creces las hechas por el FMI, del 7,5% y 15% respectivamente. Luego, los gobernantes ya vienen arrastrando malos datos de inflación, con lo cual el registro de un mes con un dato positivo debe tomarse, en el mejor de los casos, con cautela. Para ponerlo en perspectiva, de repetirse este dato en el resto de los meses del año, cerraríamos el 2025 con una inflación superior al 22%, de modo que los bolivianos perderían más de un quinto de su poder adquisitivo en estos doce meses. Además, el dato de agosto es el primero en lo que va del año que es menor al registrado en el mismo mes del año anterior, lo que, nuevamente, nos invita a adoptar una postura más cauta sobre esta posición.
Otro elemento para considerar se encuentra en las dinámicas del gasto público. La espiral inflacionaria que atraviesa Bolivia se deriva, fundamentalmente, de un desequilibrio fiscal agudo. Tras más de una década de déficit fiscal, el gobierno ha financiado ese agujero financiero por medio del Banco Central de Bolivia. Colocando bonos del TGN a cambio de bolivianos, el activo del Banco Central dejó de estar compuesto principalmente por dólares a estarlo por oro, ya pignorado, y bonos del TGN. Esta práctica supuso la degradación de su activo, afectando la calidad de su pasivo, es decir, los bolivianos que usamos en nuestro día a día. Esta práctica no ha sido abandonada, ni mucho menos. El gobierno continúa con su práctica deficitaria y, en ausencia de mejores perspectivas de acceso a mercados internacionales de deuda soberana o aumento de impuestos, la monetización de la deuda continuará disminuyendo el poder adquisitivo del boliviano.
Como se puede observar en el gráfico 2, los componentes del IPC que reportaron una mayor variación fueron “Recreación y cultura” (3,89%), “Bebidas alcohólicas y tabaco” (1,82%) y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,38%). En contraposición, se registraron dos componentes con variaciones negativas, a saber: “Comunicaciones” (-1,05%) y “Transporte” (-0,31%). No deja de ser preocupante que el sector de alimentos sea uno de los más afectados por la inflación; después de todo, dentro de la ponderación que realiza el INE para elaborar el IPC, dicho grupo representa el 27,06% del total. Como resultado, del 1,01% de inflación, un 0,43 puntos porcentuales provienen del aumento de precios en alimentos, constituyéndose así en el sector con mayor incidencia, como se puede observar en el gráfico 3.
Ahora bien, ¿qué explica esta desaceleración de la inflación? Son varios los factores que se pueden mencionar para dar cuenta de este cambio de tendencia. Algunos escenarios que explicarían la variación positiva, pero más contenida, del IPC son:
- Caída de la actividad económica: Si la economía boliviana mantiene la tendencia de 2024 en 2025, su crecimiento económico debería continuar estancado o, en el peor de los casos, en descenso. En un escenario así, con menor crecimiento económico y fuertes restricciones presupuestarias, el consumo privado cae, lo que deriva en una menor demanda de bienes y servicios. Si la caída de la demanda de las familias termina siendo superior a la presión ejercida por la degradación del boliviano, la fuerza que impulsa la inflación, entonces el resultado neto termina siendo una menor inflación, pues el comerciante no puede subir los precios –o al menos no en la misma proporción– de productos que no se están vendiendo y acumulando en sus inventarios.
- Política monetaria restrictiva: Una política monetaria más restrictiva, es decir, que la monetización de la deuda se haya moderado en los últimos meses, dejando una presión inflacionaria menor. Ahora bien, dado que no se han anunciado intenciones de recorte del gasto público en los últimos meses, pues para tener efecto en el mes de agosto la medida debería de haberse tomado hace ya un par meses, hay pocas posibilidades de que una reducción del gasto público y la consecuente monetización de la deuda estén detrás de este nuevo dato de inflación.
- Presiones por el tipo de cambio: Durante el mes de agosto se observó una caída considerable en la cotización del dólar –que cotizaba Bs. 14,23 a inicios de mes y a Bs. 12,32 a finales–, lo que, sumado a una balanza comercial positiva de 94 millones de dólares durante los meses de mayo, junio y julio, permitió una mayor circulación de divisas y de importación de bienes, aumentando la oferta de aquellos productos que, con un dólar más caro y escaso, no llegaban con normalidad hasta hace unos meses.
- Controles de precios: No podemos olvidar que Bolivia todavía cuenta con un importante nivel de intervencionismo en los precios, ya sea en la forma de controles de precios o subsidios. Estas medidas distorsionan los precios relativos y pueden generar señales confusas para los empresarios. No obstante, lo verdaderamente preocupante es que los controles de precios generan una ilusión de estabilidad y pueden inducir a un falso optimismo. Si no se permite que los precios fluctúen de manera libre, los agentes económicos no terminan de obtener las señales necesarias para conocer su escasez relativa, profundizando los demás efectos negativos que se derivan de un precio menor al de mercado, como aumentos de la demanda. En este sentido, un férreo control de los precios fijados por el gobierno podría estar detrás de esta –momentánea– contención de la inflación. El verdadero reto y potencial peligro de la medida se define al momento de levantar los controles, cuando el sinceramiento de los precios intervenidos se vuelve inevitable.
En conclusión, la inflación en Bolivia continúa siendo una de las principales preocupaciones a nivel macroeconómico. Su impacto está echando por tierra cualquier avance en materia de reducción de la pobreza en los últimos veinte años, golpeando con mayor intensidad a las familias de escasos recursos, las cuales ven su poder adquisitivo desplomarse mes a mes. Es fundamental que las autoridades en política monetaria generen un cambio de dirección en su manejo actual del gasto público y de aquellas medidas que, como los controles de precios, están distorsionando los precios relativos y reduciendo el poder adquisitivo del boliviano, con efectos negativos en el empleo, la actividad económica y la calidad de vida. Estamos lejos de poder decirle «adiós» a la inflación.
