Tecnología y digitalización para el empoderamiento ciudadano

Bolivia obtiene puntajes bajos en los tres índices de gobierno electrónico de Naciones Unidas —desarrollo, participación y servicios en línea— sobre 193 países, y el documento examina qué se está perdiendo con eso. El marco conceptual parte de la definición de gobierno abierto de Oszlak y Kaufman: una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado, posibilitada por las tecnologías de la información, que se traduce en vínculos más transparentes, participativos y colaborativos. Sandoval-Almazán es más directo: no puede existir gobierno abierto sin tecnología. La evidencia que el documento reúne es consistente. Zhou y Gao (2007) identifican tres beneficios de la gestión del conocimiento en gobiernos digitales: mejor competencia gubernamental, mayor calidad de servicios públicos y desarrollo institucional más sano. Alvarenga y coautores (2020), sobre el caso portugués, encuentran ganancias de eficiencia, competencia, creatividad e innovación. Dobrolyubova, Klochkova y Alexandrov (2019) hallan correlaciones significativas entre digitalización y efectividad del gobierno, control de la corrupción y desempeño en el Doing Business. Y Wandaogo (2022), sobre 138 países entre 2006 y 2016, confirma que las TIC mejoran la efectividad gubernamental tanto en países desarrollados como en desarrollo. La parte aplicada del documento hace el trabajo jurídico que suele faltar: revisa los artículos 300 y 302 de la Constitución y verifica que planificar el desarrollo, llevar estadísticas municipales, ejecutar presupuestos y mantener centros de información son competencias exclusivas departamentales y municipales, de modo que la digitalización está amparada. La única experiencia existente es la Ley 14/2023 de Coroico, que creó un Oficial de Protección de Datos y Gobierno Electrónico.