Seminario: Elecciones Generales “Ideas para un Programa Económico

Los inversionistas institucionales bolivianos administraban USD 2.468,9 millones a junio de 2005 —USD 1.816,0 millones en fondos de pensiones, USD 336,8 millones en compañías de seguros y USD 316,0 millones en fondos de inversión—, pero el 61,7% de esa cartera estaba colocado en papeles del Estado: USD 1.477,6 millones en Bonos del Tesoro (59,85%) y USD 46,3 millones en Letras (1,87%). Las acciones apenas llegaban al 5,35%. El ahorro de largo plazo del país no financiaba inversión: financiaba el déficit fiscal, con dos víctimas simultáneas: la inversión privada que no accede a esos recursos hoy y los futuros jubilados que reciben la rentabilidad de un bono soberano en vez de la de una cartera libre. El resto del sistema tampoco calza: el plazo promedio de retención de recursos de la banca es de 500 días cuando ninguna empresa recupera su capital en menos de dos años, y el 85% de las captaciones son en dólares. Las exposiciones de coyuntura confirman el cuadro: el Gini pasó de 0,43 en 1989 a 0,51 en 2003 con un desempleo cercano al 10%, porque los sectores que más crecieron —financiero, electricidad y agua, transporte, todos por encima del 5%— son los que menos mano de obra demandan, mientras la agricultura y los servicios personales, que ocupan cerca del 75% del empleo, crecían 3,5%. Los flujos de capital externo cayeron de USD 1.200 millones en 1998 a prácticamente cero en el primer semestre de 2004. Y la distribución del IDH 2006 premiaba a Pando con más de USD 400 por habitante teniendo 50% de pobreza, mientras Potosí, con más del 75%, recibía menos de USD 50. El diagnóstico es uno solo: el Estado absorbe el ahorro del país y reparte al revés de la necesidad.