Seguridad jurídica en Bolivia: Más allá de las leyes

La Cámara Agropecuaria del Oriente registró 331 predios tomados ilegalmente en lo que va de 2025, y en Santa Cruz habría unas 70.000 hectáreas en disputa por avasalladores: la seguridad jurídica boliviana no falla por ausencia de leyes sino por su aplicación. El documento parte de esa distinción para definir un término que, advierte, se ha convertido en lo que Hayek llamaba «palabra comadreja» —usado por todos sin precisar su contenido, incluso en el programa de gobierno del partido ganador. Su definición operativa exige dos condiciones: claridad, que las normas estén bien definidas; y previsibilidad, que se cumplan efectivamente. Y añade, con Pérez Luño, que aplicar mecánicamente la norma positiva no basta: hubo leyes que consagraron la discriminación racial, y esa «seguridad de la inseguridad» es incompatible con el Estado de derecho. El diagnóstico boliviano combina el International Property Rights Index —puesto 105 de 126 global y 18 de 21 regional, con 3,46 puntos sobre 10, en caída desde 2012 aunque con una leve recuperación del 3% en 2025— con la lectura del texto constitucional. El artículo 56.I condiciona la propiedad a que «cumpla una función social» y el 56.II a que su uso «no sea perjudicial al interés colectivo»: dos conceptos indeterminados que abren la puerta a interpretaciones discrecionales. El avasallamiento está tipificado en la Ley 477 con penas de 3 a 8 años, pero como señala el documento, «la ley que no se aplica tiene el mismo valor que la ley que no existe». Y el costo internacional está medido: Bolivia quedó fuera del Corredor Vial Bioceánico por los bloqueos.