Salario Mínimo Nacional: ¿Existen criterios técnicos para su determinación sin perjudicar a los empleados?

El salario mínimo nacional boliviano creció 11,8% promedio anual mientras la inflación promedió 6%, de modo que su poder adquisitivo subió más del 10% desde 2011. El documento pregunta si esos aumentos se corresponden con la productividad del trabajo y construye un indicador para responderlo. La respuesta es que no: salvo años aislados, el incremento del salario mínimo real supera al de la productividad media real, lo que convierte la diferencia en sobrecosto para las empresas. Y el desajuste es peor por sectores. Al replicar el ejercicio para agricultura, minas e hidrocarburos y manufacturas, aparecen ciclos productivos distintos: hay años en que minas podría absorber un aumento mayor y manufacturas no, de modo que un incremento uniforme beneficia a unos y perjudica a otros. De ahí la propuesta central: una regla de incremento anual y sectorial que combine inflación observada y productividad medida de cada sector, para lo cual hace falta primero construir esa medida de productividad. El contexto vuelve la discusión aún más desproporcionada: el 60,5% de la población urbana ocupada es informal y la economía informal aportaría el 60% del PIB según Vargas (2011), de modo que se debate una política que beneficia a una minoría. Las posiciones del momento lo ilustran: los fabriles pedían llevar el mínimo de Bs 1.656 a Bs 2.000 (+17,2%), la COB hablaba de Bs 8.300 (+401,2%) y los empresarios de no pasar del 3%, la inflación de 2015. El documento agrega dos argumentos de economía del comportamiento y política: el efecto anclaje de Kahneman —empezar la negociación en cifras altas arrastra el resultado—, y que los sindicatos, cuyos afiliados ganan por encima del mínimo, tienen interés en subirlo porque eleva la barrera de entrada a los jóvenes sin experiencia.