Retorno al Sistema Estatal de Pensiones ¿Una Buena Alternativa?

El antiguo sistema estatal de pensiones subsidiaba a quien no lo necesitaba: según la Encuesta Integrada de Hogares 1994, el 94,88% de quienes recibían una renta de jubilación no eran pobres con la línea de USD 1 diario, y el 70,78% tampoco lo eran con la línea de USD 2. Y el subsidio era grande: los aportes se repartían en 10,11% laboral, 5,68% patronal y 1,5% estatal, pero como el 65% de los rentistas había sido empleado público (Gersdorff, 1997), el Estado terminaba financiando dos de los tres aportes, cerca de 7,18% por rentista. Mantener ese esquema costaba, en valor presente, más de USD 3.390 millones frente a los USD 1.600 millones de la reforma (Gamboa, 2002), con un gasto fiscal de trayectoria exponencial. A la mala focalización se sumaba la mala administración: los fondos estatales gastaban en promedio el 20% de las recaudaciones en administración —el doble de lo permitido—, y un fondo llegó a destinar el 42% de los aportes de los activos. La propuesta de volver al reparto con jubilación a los 55 años, renta del 70% del salario promedio de los dos últimos años y 240 cotizaciones no cierra: la simulación del documento muestra que los aportes acumulados alcanzan para doce años de renta, y sólo nueve si el afiliado infla su salario 20% en los dos últimos años —incentivo que la propia fórmula crea. El resto lo pone el TGN. La agenda alternativa que propone es de tres puntos: subir la rentabilidad del FCI, caída de 18,5% en 2002 a 8%, permitiendo diversificación internacional; incorporar a los independientes, cuya probabilidad de afiliación es apenas 2,5% (Molina, 2006); y focalizar el BONOSOL, que hoy alcanza también al 38% de mayores de 65 años que no son pobres.