Reformar la Reforma de Pensiones: En Defensa de un Debate Técnico

Antes de la reforma de 1996, sólo el 9% de la Población Económicamente Activa boliviana estaba afiliada al sistema de reparto; hoy lo está el 21%, los afiliados pasaron de 328.824 en 1997 a más de un millón en 2007, y el Fondo de Pensiones creció de USD 109 millones a USD 2.437 millones. El seminario reconstruye por qué el sistema anterior era insostenible: los beneficiarios aportaban quince años para cobrar un promedio estimado de veinticinco, no existían reservas pese a la transición demográfica, y la fórmula premiaba subdeclarar el salario durante la vida laboral y sobredeclararlo al final. En valor presente, mantenerlo costaba más de USD 3.390 millones contra USD 2.360 millones de reformarlo. La transición demográfica es el argumento que ninguna reforma puede esquivar. La tasa de natalidad boliviana cayó de 48,8 nacidos vivos por mil en 1956 a 27,7 en 2005, con proyección de 20,6 para 2020; la mortalidad bajó de 23 por mil a 7,5 y se proyecta en 6,5; y la esperanza de vida al nacer subió de 40 años a 63, camino a 68. Cada vez nacen menos y viven más: la proporción de activos por pasivo se deteriora sola, y un sistema de reparto se vuelve progresivamente más caro. El documento también corrige el argumento de que el nuevo sistema retrasó la jubilación: en los hechos, el 67% de las mujeres se jubiló antes de los 55 años y el 61% de los hombres antes de los 60, porque la Ley 1732 no fija edad sino monto —basta acumular lo necesario para financiar una pensión igual o superior al 70% del salario base. Y las comisiones bolivianas de las AFP son las más bajas de América Latina. Los pendientes son otros: rentabilidad, cobertura de independientes y calidad de la supervisión.