¿Qué Sistema Educativo Podría Ayudarnos a Superar el Problema de la Pobreza?

La educación fiscal no es gratuita: la pagan todos los contribuyentes, y esa aclaración es la que ordena la propuesta del documento —si el Estado administra dinero ajeno, su obligación es conseguir el mejor servicio al menor costo, y eso no exige que mantenga sus propias escuelas. La evidencia de la UNESCO (1998) muestra el rendimiento del arreglo actual: en las pruebas estandarizadas de cuarto de primaria, los alumnos de establecimientos fiscales bolivianos quedaron últimos de América del Sur en literatura y penúltimos en matemáticas, sólo por encima de Venezuela. En todos los países, incluida Bolivia, los alumnos de establecimientos privados rinden más. Somers (2004), sobre diez países de América Latina y el Caribe, atribuye hasta el 50% de esa diferencia al tipo de establecimiento, mientras las condiciones socioeconómicas del hogar no alcanzan a explicarla. La propuesta concreta es el subsidio a la demanda: sumar el gasto corriente e inversión en educación inicial, primaria y secundaria y dividirlo entre los alumnos fiscales. Con datos de 2004, el ejercicio arroja unos Bs 120 mensuales por alumno durante los doce meses del año, desembolsados directamente al establecimiento elegido por el padre y controlados por inscripción, asistencia y rendimiento. Con los mismos recursos, el sueldo promedio máximo del maestro llegaría a Bs 2.400. El documento no oculta los costos: resistencia sindical, y la necesidad de montar un sistema de evaluación y difusión de resultados —Hanushek y Raymond (2004) muestran que sin información pública el mecanismo no funciona. Y contrasta el plan oficial con su propia capacidad: el bachillerato productivo se divide en cuatro ramas cuando el 84% de los profesores de secundaria se especializó en humanidades, el 1,04% en tecnología industrial y el 0,05% en agropecuaria.