Propuestas para Modernizar el Sistema Penitenciario

La población penitenciaria boliviana casi se duplicó en tres años, de 7.433 a 14.272 internos, con tasas de crecimiento de 14% en 2010, 27% en 2011 y 24% en 2012 —frente al 4% anual promedio del período 2002-2009. Pero el dato que estructura el documento es otro: en 2011 sólo el 16% de los privados de libertad tenía sentencia; el 84% restante estaba en detención preventiva. Entre 2003 y 2011 los presos sin sentencia crecieron 103%, de 4.733 a 9.626, mientras los sentenciados crecieron 38%, de 1.370 a 1.890. El fenómeno es nacional: en 2011 La Paz tenía 89% de reos sin sentencia, Santa Cruz 87%, Cochabamba 85%, Potosí 83%. El hacinamiento es la consecuencia visible. San Pedro de La Paz, construida en 1895 para 350 internos, alberga 2.335 —seis veces su capacidad. Palmasola, de 1989 y con capacidad para 800, tiene 5.092 —más de seis veces. Morros Blancos en Tarija pasa de 80 a 461; Obrajes de 120 a 459; San Pedro de Oruro de 120 a 527. La antigüedad promedio de los recintos es de 45 años y en ocho años sólo se construyó uno, Qalauma, con 150 plazas: menos del 1% de la necesidad. Las dos únicas cárceles sin hacinamiento son justamente Chonchocoro y Qalauma. La propuesta tiene dos partes. Una, concesión de construcción y operación al modelo chileno: en Estados Unidos el sector privado construyó prisiones a un costo cerca de 20% inferior al público y redujo costos laborales entre 10% y 20% con diseños que exigen menos puestos de guardia, con calidad igual o superior según el Urban Institute. El Estado conserva la administración, la custodia y los beneficios penitenciarios. La otra, atacar la retardación judicial: el Estado descuida su rol fiscalizador cuando se vuelca a producir.