Promoviendo Políticas para Modernizar el Estado: Transparencia y Accountability

Bolivia puntúa 45,2 en el indicador de voz y rendición de cuentas del Banco Mundial, muy por debajo del 90,6 de los países de la OCDE y también del promedio del Caribe (67,7), de Europa del Este (65,3), de América Latina (51,6) y de Asia del Este (49,4). Ese rezago no es un problema aparte del de la corrupción: es su causa. Argandoña muestra que el acto corrupto depende de la evaluación del riesgo de ser descubierto y de la severidad del castigo; la transparencia y la rendición de cuentas actúan sobre el primer eslabón, elevando la probabilidad de que el acto salga a la luz. Sin ese eslabón, Bolivia aparece en el puesto 105 de 179 países en el índice de Transparencia Internacional. El costo está cuantificado: las familias bolivianas pagan cerca de USD 115 millones anuales en coimas, un promedio de Bs 400 por hogar —equivalente al 90% de un salario mínimo mensual—, y casi la mitad de los hogares admite haber pagado al menos una en el último año. Los trámites más capturados son los de tránsito, con un índice de corrupción de 66,5 y 344 mil coimas anuales, y el carnet de identidad, con índice 26,0 pero un millón de trámites. En los indicadores de Freedom House, Bolivia queda última de la región en ambiente para combatir la corrupción y comparte el último lugar con Ecuador en normas éticas y límites entre lo público y lo privado. El documento propone una acción concreta y económica: como el beneficio social de la información pública supera su costo social, y quien investiga una anomalía asume costos privados por un beneficio colectivo, el Estado debe abaratar al mínimo el acceso. Una revisión de POPULI a los portales del Congreso encontró que ni los proyectos de ley ni las votaciones son accesibles.