Otro aumento salarial: Alternativas para su determinación

Cada año, cuando se acerca el 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana abre la discusión salarial: para 2025 pidió un aumento del 15% al salario mínimo y del 20% al haber básico. El documento no discute la magnitud sino el criterio con el que se toma esa decisión. En Bolivia el salario mínimo no lo fija el mercado: por el artículo 52 de la Ley General del Trabajo de 1942 lo fija el Ministerio de Trabajo, y cada 1 de mayo se publica por Decreto Supremo. El criterio declarado —la inflación— tampoco describe lo que ocurre: entre 2000 y 2025, en el 70% de los años (18) el aumento del mínimo no acompañó a los precios, y sólo en el 30% restante (8) la inflación superó al aumento. Lo que sí muestra una brecha sistemática es la productividad. Salvo en los años de pandemia, los aumentos corrieron muy por encima de su crecimiento, que se desacelera de forma sostenida desde 2011; en el sector agrícola, medido entre 2015 y 2023, quedaron directamente injustificados. La propuesta es un second-best: mientras no haya libre negociación entre las partes, indexar el ajuste a la productividad de cada sector en vez de a un promedio nacional, porque la media puede subir mientras un rubro se contrae, y el costo lo pagan los trabajadores menos productivos, con desempleo o con puestos que nunca se crean. A eso se suma lo que la norma agrega sobre el sueldo: con el 15% pedido, el mínimo llegaría a Bs 2.875, pero el costo laboral mínimo mensual, sumando aguinaldo, vacaciones, prima y beneficios sociales, asciende a Bs 4.208. Y cruzando la regulación laboral que mide el índice del Fraser Institute con el empleo informal de 58 países, la relación es clara: a mayor regulación, mayor informalidad.