Nueva Ley en el Sector Agropecuario: Menor Producción y Mayor Discrecionalidad

La Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria mantiene la regulación de exportaciones de once productos declarados estratégicos —maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes, avicultura, caña de azúcar, quinua y sorgo— hasta que, a criterio del gobierno, se abastezca el mercado interno, y encarga al Ministerio de Desarrollo Productivo fijar una banda de precios en sesenta días. El documento señala la contradicción con el contexto: el índice internacional de precios agrícolas subió 10,7% y 34,2% interanual en los dos años previos, es decir el mundo está pagando por producir más, y la regulación local hace exactamente lo contrario —desincentiva la producción, agrava la escasez y sube el precio interno. Sobre el precio justo, la objeción es conceptual: el precio libre de distorsiones ya es el que informa con exactitud la escasez relativa, y cuando conviven un precio justo y otro que no lo es, quien tiene el poder legal de acopiar reserva producción para venderla al mayor. La experiencia de EMAPA con las colas por azúcar y los escándalos de ocultamiento ilustra el mecanismo. Y sobre eliminar intermediarios con mercados mayoristas y supermercados populares, el documento recuerda que en ciertos mercados el intermediario cumple funciones eficientes de acopio y separación, y que la brecha entre precio de productor y de consumidor se explica sobre todo por el transporte: mejorar caminos abarata más que suprimir eslabones. El Seguro Agrario recibe una crítica técnica. Los seguros agrícolas convencionales fracasan por riesgo moral, selección adversa y riesgo sistémico —los shocks climáticos afectan a todos los asegurados a la vez, impidiendo diversificar. La alternativa que propone son seguros de índice, escritos contra variables objetivas como lluvia, granizo o heladas, no contra pérdidas individuales.