Midiendo la corrupción: Nuevas perspectivas globales y el caso boliviano

La independencia judicial boliviana cayó de 3,11 a 1,27 puntos entre 2007-2008 y 2020 según el Corruption Risk Forecast, el retroceso más severo de todos los componentes medidos. El documento aborda un problema que suele darse por resuelto: cómo se mide la corrupción, y por qué las mediciones habituales no bastan. Las dos fuentes tradicionales tienen fallas conocidas —las estadísticas oficiales han sido modificadas con fines políticos, y las encuestas de percepción dependen de valores culturales, ya que la corrupción es en parte un fenómeno de cómo cada sociedad entiende las reglas. De ahí las críticas de Mungiu-Pippidi y Dadašov a los índices dominantes: no aportan evidencia sobre qué funciona y qué no, arrastran indicadores rezagados y carecen de una teoría unitaria. Su alternativa es el Index of Public Integrity, construido sobre seis componentes accionables: independencia judicial, discreción administrativa, apertura comercial, transparencia presupuestaria, ciudadanía digital y libertad de prensa. Bolivia queda muy por debajo del promedio global, regional y de su grupo de ingresos, con sus peores brechas en independencia judicial y transparencia presupuestaria frente a Costa Rica y Dinamarca. El diagnóstico del CRF es explícito: Bolivia retrocedió en casi todos los aspectos durante doce años, casi no tiene transparencia fiscal, y lo único que subió fue la conexión a internet y redes sociales —la ciudadanía digital pasó de 1,6 a 6,23— mientras los servicios en línea y las herramientas de transparencia se quedaron atrás. La propuesta parte de Rose-Ackerman: si la demanda por servicios corruptos depende del tamaño y la estructura del Estado, reducir permisos y concesiones reduce la oportunidad.