Los Pobres Necesitan Agua, “No Ideología” Propuestas Privadas para Resolver la Crisis Pública del Agua

El 40% de las familias bolivianas no tenía agua potable y el 70% carecía de alcantarillado según el Censo 2001, y el 60% de los hogares sin red pertenece a los dos quintiles más pobres: sólo el 4,5% de quienes reciben agua por cañería está en el quintil más pobre. La paradoja que ordena el documento es que quien no tiene red paga más caro: Barragán (1998) mide que en Cochabamba el usuario conectado paga cerca de USD 0,4 por metro cúbico y el que compra a cisternas hasta USD 3 —siete veces más—, y Segerfeldt (2006) encuentra que en La Paz y El Alto la diferencia llega a once veces. A eso se suma el tiempo: hasta seis horas diarias buscando agua, que niños y mujeres restan al estudio y al trabajo. La escasez tampoco es física. La oferta potencial boliviana ronda los 217.000 millones de m³ al año y la demanda apenas 150 millones: menos del 1%. Lo que falta es infraestructura, y su costo —USD 1.263 millones para atender a los dos millones de familias sin servicio— equivale a más del 14% del PIB y a más del 56% del presupuesto del TGN, cifra que ningún Estado boliviano cubre solo. La comparación de las dos experiencias es el corazón del documento. En Cochabamba, tras la reversión de 2000, SEMAPA cubría en 2005 apenas 46,4% en agua y 49,5% en alcantarillado, y el 75% de las familias que compran a cisterna son pobres. En La Paz y El Alto, Irusta y Foster (2003) miden que las nuevas conexiones anuales subieron de 10.469 a 17.187 tras la concesión, con mejoras de 15% y 35% para el quintil más pobre. La propuesta no es privatizar sin más: es focalizar el subsidio en el usuario pobre y definir derechos de propiedad sobre el agua.