La Política de Austeridad y la Preferencia Revelada

El Decreto Supremo 28609 comprometió ante el país una seria política de austeridad, y la reforma al presupuesto de 2006 permite medir cuánto ahorró efectivamente: Bs 64,6 millones, equivalentes al 0,2566% del gasto del sector público no financiero. Desagregado, el ahorro fue de Bs 11,3 millones en la administración central (0,0449%), Bs 14,2 millones en entidades descentralizadas y autárquicas (0,0563%) y Bs 39,1 millones en el poder legislativo (0,1553%). La medida consistió en topes salariales —Bs 15.000 para el presidente, Bs 14.000 para ministros, Bs 13.800 para viceministros, Bs 13.500 para directores generales y Bs 11.000 para senadores y diputados—, sin tocar el aparato burocrático que encarece cada trámite. El documento usa un concepto preciso para leer la distancia entre el anuncio y el número: la preferencia revelada, según la cual las preferencias de los agentes están mejor representadas por sus acciones que por sus declaraciones. El contraste que ordena todo es de escala: mientras se ahorran Bs 64,6 millones invocando a los sectores no atendidos, se mantienen más de Bs 960 millones en subsidios y transferencias que no llegan a los más pobres. El quintil más pobre del área rural no tiene siquiera cocina a gas, y el subsidio al diesel beneficia sobre todo a sus usuarios intensivos. Hay además un costo que la medida no contabiliza. Fijar salarios públicos por debajo de la productividad activa una selección adversa: los funcionarios capaces se van al sector privado y el Estado atrae a quienes no consiguen empleo afuera, con lo que sube la probabilidad de error en las políticas públicas. Transparencia Internacional vincula además el nivel de remuneraciones públicas con la corrupción: quien acepta un cargo mal pagado puede estar contando con ingresos que no son legales. La austeridad seria pasa por evaluación, competencia y mérito, no por un recorte de alta rentabilidad política.