¿La Nacionalización del Sector Eléctrico es una Alternativa Conveniente?

La capitalización eléctrica trajo cerca de USD 1.600 millones de inversión, llevó la generación bruta de 2.200 GWh en 1992 a más de 5.300 GWh en 2008, bajó el precio mayorista del Sistema Interconectado Nacional y multiplicó por 3,5 los ingresos fiscales del sector. Antes de esa reforma, ENDE era simultáneamente fiscalizador, planificador y principal productor —un conflicto de roles que el Banco Mundial señaló—, las licencias no eran transparentes y las pérdidas del sistema habían subido de 11,6% en 1986 a 16,6% en 1990. Hoy el SIN tiene nueve generadoras, dos transmisoras, seis distribuidoras y cinco consumidores no regulados. El documento no oculta lo que la reforma no logró. La cobertura rural sigue siendo la deuda: 71% de la población rural sin servicio hasta 2005, 53% en 2007, con la inversión encarada sobre todo por gobiernos departamentales y con las áreas rurales fuera del SIN. La exportación de electricidad quedó relegada —Bolivia no tiene ninguna interconexión internacional operativa, sólo un proyecto en estudio con Perú, mientras el resto del cono sur está interconectado. Y la caída de inversión de los últimos años, sumada a la demanda de proyectos como San Cristóbal, dejó un balance oferta-demanda frágil que el gobierno atendió por el lado equivocado: el programa de focos ahorradores redujo 123 MW de potencia, el 12% de la demanda máxima del SIN, lo que sirve a corto plazo pero a mediano limita el desarrollo productivo. Los proyectos de Entre Ríos y el ciclo combinado de Guaracachi sumarían unos 170 MW, y sólo el Mutún demandaría 200 MW adicionales. Nacionalizar exigiría pagar las empresas y además invertir: con presupuestos fiscales limitados, inviabiliza el sector.