La independencia del Banco Central: Más allá de las leyes

La Ley 1670 de 1995 elevó el índice legal de independencia del Banco Central de 0,302 a 0,797, y ahí quedó congelado durante treinta años. El documento muestra que la ley no cambió, pero la práctica sí: lo que se erosionó no fue el texto, sino la conducta. Las reservas internacionales pasaron de 67,2% del PIB en 2012 a 4,9% en 2024, mientras el crédito neto del BCB al gobierno central llegaba a 32,9% del PIB. Los artículos 22 y 23, que restringen el financiamiento al sector público, fueron objeto de excepciones reiteradas hasta volverse la regla. La medida más elocuente es el índice de absorción, que capta cuánto de la presión fiscal y externa termina asumiendo el balance del emisor: su mediana era 0,000 antes de 2014 y saltó a 0,862 después, es decir, 86 centavos de cada boliviano de presión pasaron a la hoja del Banco Central. Dos piezas normativas acompañan ese desplazamiento: la Constitución de 2009, que ordena coordinar la política monetaria con la política económica del Ejecutivo, y el DS 4857 de 2023, que otorga al Ministro de Economía la atribución de proponer, programar y evaluar la política monetaria. La inflación no delató el cambio a tiempo: promedió 7,1% entre 1990 y 2013 y sólo 3,1% entre 2014 y 2024. El documento explica la paradoja: el ajuste no pasó por el señoreaje —que apenas se movió de −0,27% a −0,01% del PIB— sino por el crédito, que pasó de −1,12% a 5,45%. El financiamiento fue por balance, no por emisión visible, y por eso el precio no lo denunció. A eso se suman las interrupciones en la publicación estadística entre 2023 y 2025. La conclusión es incómoda y directa: la independencia de un banco central se mide por lo que hace, no por lo que dice su ley.