La Derogación del Artículo N° 55 del D. S. 21060: ¿Promueve Estabilidad Laboral y el Empleo?

En 2003 había 261.060 desocupados en Bolivia, y la estructura de ese desempleo es lo que vuelve contraproducente derogar el artículo 55 del D.S. 21060. La tasa de desempleo abierto de los menores de 25 años era 16,87%, casi el triple del 6,42% de quienes tenían entre 25 y 44 años; y la del quintil más pobre llegaba a 15,18% frente al 5,37% del quintil más rico. Son exactamente los segmentos que primero salen de la nómina cuando una empresa no puede negociar ajustes: los trabajadores más fácilmente sustituibles, de menor calificación y menor costo de reemplazo. La ley que se dicta para protegerlos les cierra la puerta de entrada. La comparación internacional desmiente además el diagnóstico sindical de que Bolivia sería un país laboralmente flexible: su índice de rigidez del empleo del Banco Mundial es 40, por encima del promedio de 35,8 de los países de la OCDE, y los emergentes asiáticos —que compiten con la misma ventaja de mano de obra barata— están cerca de 26. El costo de despido boliviano equivale a 98 semanas de salario, el segundo más alto de América Latina después de Brasil (165,3), y coincide con la informalidad más alta del continente: 67,1% del PNB. La informalidad laboral llega al 67%, con 87,1% en comercio y 82,6% en agricultura —sectores intensivos en mano de obra y por eso los más sensibles a la norma— frente a 14,3% en extractivas y 11,3% en electricidad. La literatura confirma el mecanismo: Botero (2004), sobre 81 países, asocia regulación rígida con más desempleo juvenil; Heckman (2000) mide que la seguridad laboral en América Latina redujo el empleo y aumentó la inequidad; Caballero (2004) muestra que los países rígidos se ajustan más lento a los shocks externos. La estabilidad laboral se construye creando empleo y capital humano, no prohibiendo despedir.