La corrupción en Bolivia: El elefante en la habitación

Bolivia cayó al puesto 133 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional con 2,8 puntos sobre 10, su peor posición desde que existe el estudio, después de 3,1 en 2022 y 2,9 en 2023. En la región queda por delante sólo de Venezuela, y a nivel global se codea con Mauritania y Guinea. El informe global aporta dos hallazgos que el documento subraya: apenas un tercio de los 180 países supera los 50 puntos, y el puntaje medio varía sistemáticamente con el régimen político —73 puntos las democracias plenas, 47 las imperfectas y 33 las no democráticas. En doce años, 32 países mejoraron, 47 empeoraron y 101 se mantuvieron. El aporte propio del documento es teórico y aplicado. Desde la elección pública, gobernantes y ciudadanos persiguen sus intereses, pero con medios distintos: el gerente privado está sujeto a la contabilidad y a la evaluación de resultados; el burócrata no, y además tiene poder discrecional sobre las acciones de terceros. De ahí la fórmula: cuantos más procedimientos y más altas sus tasas, más incentivos hay para que el funcionario cobre por acelerar y para que el usuario pague por evitar el costo de transacción. La corrobora con datos propios: el costo de oportunidad representa el 77% del costo de una licencia de funcionamiento y el 79% de un permiso de construcción en Santa Cruz. Y el caso de Georgia lo confirma en la práctica: tras crear una agencia de carnets digitales que reemplazó el paso por varias oficinas, los ciudadanos de la capital que reportaban haber pagado un soborno cayeron del 17% al 3,8% en cinco años.