Hacia un observatorio fiscal: Gobierno abierto, presupuestos y eficiencia

Las ineficiencias en compras gubernamentales, servicios públicos y transferencias focalizadas cuestan hasta USD 220.000 millones anuales en América Latina —el 4,4% del PIB regional— según el BID. El documento propone una herramienta poco discutida para atacar ese problema: los observatorios fiscales, instancias de control y fiscalización de ingresos y gastos que, a diferencia de una oficina anticorrupción, generan información nueva al procesar los presupuestos. La evidencia disponible es escasa pero contundente. Nakhmurina (2018), estudiando diez de los veintitrés estados norteamericanos con políticas de monitoreo fiscal, encuentra tres efectos: mejora la calidad de los informes, se reducen las condenas por corrupción y disminuyen las posibilidades de reelección de los políticos en funciones —es decir, el monitoreo desarraiga. La aplicación que el documento propone es metropolitana, y ahí está su aporte propio. Con datos de la Fundación Jubileo muestra que los presupuestos municipales de la región metropolitana cruceña —Cotoca, Porongo, La Guardia, Warnes, Montero— no crecieron al ritmo de su expansión demográfica, y que tomando 2020 como base todos vieron reducidos sus recursos por la caída de regalías e IDH. Un observatorio generaría la información técnica para demostrar ese desbalance entre recursos disponibles y demandas de bienes públicos, que las autoridades centrales suelen subestimar. El marco teórico viene de la OCDE, cuyos impulsores de confianza en las instituciones públicas —competencia, capacidad de respuesta, fiabilidad, apertura, integridad y justicia— se relacionan casi todos con la transparencia fiscal. El contexto lo da la rebaja de Fitch a la deuda boliviana, de B- a CCC.