“Estructura y Organización Económica del Estado” en la Propuesta de Constitución del Gobierno. Parte 1

La propuesta oficialista de Constitución habilita en su artículo 310 que el Estado conforme empresas estatales para ejercer el control estratégico de las cadenas productivas, y en el 316 le asigna la producción directa de bienes y servicios. El documento contrasta esa apuesta con el registro boliviano: entre 1992 y 1995 las cinco empresas capitalizadas acumularon déficit año tras año —USD 78,3 millones en 1992 y USD 99,8 millones en 1993—, y las que arrojaban superávit servían para financiar proyectos políticamente rentables y económicamente cuestionables. No es un problema local: Alemania financió durante años el monopolio estatal de telecomunicaciones que apostó al protocolo OSI y perdió frente al TCP/IP privado, y Francia gastó miles de millones de francos en el Concorde y en una industria nacional de computadoras. Hay además una asimetría en el texto: el artículo 315 prohíbe el monopolio y el oligopolio privados, pero el 316 faculta al Estado a determinar monopolios estatales por necesidad pública. Se reconoce que el monopolio asigna mal y se lo autoriza cuando el dueño es el Estado. Lo mismo ocurre con la igualdad jurídica del artículo 312, que choca con el 318 —apoyo a exportaciones con valor agregado— y el 320 —promoción del consumo de lo hecho en Bolivia—: ambos habilitan privilegios sectoriales, como el subsidio al gas del Mutún o el compro boliviano. En política monetaria el riesgo es mayor. El artículo 326 pone en manos del Ejecutivo la determinación de los objetivos monetarios y cambiarios, rompiendo la independencia del BCB justo cuando la evidencia muestra que a mayor independencia menor inflación; y los artículos 328 y 330 podrían quitarle su función de prestamista de última instancia, algo que Morales sostiene debía hacerse por ley y no por regla constitucional.