“Estado Productor” en Bolivia: Cifras y Consecuencias.

El presupuesto destinado a las empresas estatales bolivianas pasó de USD 556 millones en 2006 a USD 9.024 millones en 2011, un crecimiento promedio de 75% nominal anual, y su participación en el Presupuesto General del Estado subió del 9,7% al 53,4%: más de la mitad del aparato estatal es hoy Estado Productor. El presupuesto total, a su vez, pasó de representar un 53% del PIB proyectado entre 2001 y 2006 a más del 76% desde 2007, llegando al 82% en 2011, creciendo 17% real anual frente a un crecimiento económico promedio de 4,7%. El financiamiento de esa expansión es lo que el documento rastrea con más detalle, porque pasa por el Banco Central, cuya Ley 1670 prohíbe en su artículo 22 prestar al sector público salvo por calamidad o necesidad transitoria de liquidez. Las excepciones se apilaron: USD 600 millones por el desastre de La Niña 2007-2008, de los cuales se desembolsaron unos USD 300 millones sin que se conozca su destino; USD 1.000 millones a YPFB por la Ley Financial 2009, reducidos luego a USD 700 millones; USD 1.000 millones a empresas estatales por la Ley Financial 2010, ya comprometidos con ENDE (USD 176 millones), COMIBOL (USD 120 millones) y la agroindustrial San Buenaventura (USD 180 millones); y la Ley Financial 2011 autoriza hasta un tercio de las reservas excluido el oro, unos USD 3.000 millones. En total, las normas de 2008 a 2011 comprometen cerca de USD 5.300 millones de reservas internacionales. El documento cierra con las tres diferencias prácticas entre empresa pública y privada: los gobiernos son estrictos con la norma privada y flexibles con la propia, el privado selecciona mejor a sus administradores, y la decisión pública queda expuesta a injerencia política.