¿Es Posible una Bolivia Menos Pobre? Un Plan Económico para Lograrlo

Formar un profesional en la universidad pública boliviana le cuesta al Estado USD 11.800, mientras que la misma titulación en una universidad privada cuesta en promedio USD 7.000 (Lizárraga, 2002): el Estado podría pagar los estudios en la institución que el alumno elija y ahorrar USD 4.800 por profesional. Ese cálculo condensa la tesis del documento, que propone reemplazar el subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda en educación y salud, en la línea de Friedman (1990). El diagnóstico del sistema actual es de incentivos, no de presupuesto: si un colegio mejora, no recibe premio porque su presupuesto no depende de su rendimiento; si un profesor logra que sus alumnos aprendan, su salario no cambia; y cuando la responsabilidad es de todos —profesor, director, alcalde, ministro— no es de nadie, de modo que ni se sanciona el mal desempeño ni se premia el bueno. En salud el mecanismo es idéntico, con el agravante de que las enfermedades son aleatorias: por eso la propuesta ahí es financiar total o parcialmente un seguro médico según el ingreso, en vez de sostener una oferta pública en huelga permanente. El resto del plan cubre las otras patas. En lo fiscal propone una regla de balance estructural, que estima el producto potencial y ata el gasto a la recaudación de ese producto, obligando a ahorrar en la bonanza; y denuncia las exenciones sectoriales —empresas nuevas en El Alto, turismo en Potosí y Sucre— que sólo incentivan a que las empresas viejas se declaren nuevas. En subvenciones señala los USD 115 millones anuales de diesel y GLP que alimentan el contrabando. Y en infraestructura parte de un dato que explica los costos bolivianos: de 61.021 km de carreteras sólo el 7% está asfaltado, y la red fundamental apenas 32% de sus 12.255 km.