Empresas Estatales: Más preguntas que soluciones

El Presupuesto General de la Nación 2010 destinó Bs 47 mil millones a las empresas estratégicas del Estado, y el documento formula tres preguntas que esa decisión deja sin responder. La primera es si se hizo evaluación social de proyectos, la metodología que permite estimar cuánta riqueza genera o destruye un emprendimiento público y aterrizar en cifras los beneficios intangibles que la autoridad invoca. Sin ella, la asignación queda justificada por la ideología y no por el cálculo, y otras sociedades ya pagaron caro esa forma de decidir. La segunda es cómo se resuelven tres problemas clásicos. El del conocimiento, en los términos de Hayek: el uso eficiente de recursos exige un conocimiento que no le está dado a nadie en su totalidad, disperso entre quienes conocen la importancia relativa de sus propios fines, de modo que una unidad central de análisis productivo difícilmente pueda sustituirlo. El de agencia: en la empresa privada los dueños fijan objetivos y esperan rédito por el capital arriesgado, mientras en la pública el dueño es vulnerable a objetivos políticos, intereses personales y tráfico de influencias. Y el de los precios: si el problema es que no reflejan toda la información por externalidades o estructuras monopólicas, la solución probada son subsidios a la demanda y emulación de competencia bajando barreras de entrada, no crear un competidor estatal. La tercera pregunta es sobre rendición de cuentas. En los indicadores de Freedom House, Bolivia ocupa el último lugar de América Latina en ambiente para combatir la corrupción y comparte el último con Ecuador en normas éticas y límites entre lo público y lo privado. Y en el país desaparecieron las superintendencias sectoriales, salvo la financiera.