El Sector Agrícola en Bolivia: ¿Existen incrementos en la productividad?

La superficie cultivada de soya en Bolivia creció 3.208,5% entre 1980 y 2014 —12,3% anual—, mientras la superficie cosechada total creció 198,5%, invirtiendo la composición del agro: los cereales pasaron del 47,7% al 34,5% del área y los productos industriales del 12,4% al 46,9%. Pero el dato que estructura el documento es otro: el rendimiento por hectárea de soya, sorgo, maíz y girasol en 2013 era similar o apenas superior al de 1980. Se cultiva mucho más superficie sin producir más por hectárea, y como el suelo sí admite mejoras —riego, semillas mejoradas—, la conclusión es que no hubo inversión. El documento explica por qué, y la razón es jurídica. La Función Económica y Social de la Ley 1715 exige «empleo sostenible de la tierra» en beneficio de «la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario», pero no define cómo se verifica ninguna de esas cosas; se comprueba en el campo, a juicio del funcionario designado, cada cinco años. Un propietario que debe someterse periódicamente a un examen discrecional del que depende su derecho de propiedad no tiene incentivo para invertir. A eso se suman la reversión sin indemnización ni compensación por mejoras, y la expropiación por utilidad pública —incluido el «reagrupamiento y redistribución de tierras»—, ambas con la misma FES ambigua como causal. La segunda razón es que de los seis tipos de derecho propietario que reconoce la ley, sólo dos son embargables y por tanto sujetos de crédito: la mediana propiedad y la empresa agrícola. El solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunitarias y el territorio indígena no pueden servir de garantía. El costo medido: USD 29.000 millones de tierras rurales extralegales según el BID y el ILD.