El potencial económico del capital, derechos de propiedad e instituciones en Bolivia

El capital muerto boliviano —activos sin respaldo legal que no pueden convertirse en garantía ni en financiamiento— sumaba USD 53.960 millones según la medición del BID y el Instituto Libertad y Democracia de 2004: el 614% del PIB nominal de ese año, más de seis veces la producción anual del país. La composición es reveladora: USD 28.880 millones en predios rurales extralegales —el 89,8% de la superficie rural, unos 40 millones de hectáreas—, USD 22.020 millones en predios urbanos —89,4% del total, 2,2 millones de predios— y USD 3.060 millones en empresas informales, que son el 99% del total, unas 817 mil. La informalidad boliviana, estimada por Vargas (2011) en 66% de la producción y 67% de la mano de obra, no es entonces marginalidad sino riqueza inmovilizada. El documento apoya el análisis en los seis efectos que De Soto atribuye a un sistema formal de propiedad: fijar el potencial económico de los activos, integrar la información dispersa, volver responsables a las personas, volver fungibles los activos, conectar a los propietarios en redes y proteger las transacciones. La causa boliviana concreta que identifica es legal. La Ley INRA distingue entre mediana propiedad y empresa agropecuaria —que pueden vender, comprar, excluir e hipotecar— y pequeños propietarios, campesinos, indígenas y comunarios, que no pueden hacer nada de eso: sus derechos existen en el papel pero no pueden ejercerse, y su tierra no sirve como garantía. A eso se suma el costo de formalizar: según el Doing Business 2016, registrar una propiedad en Bolivia toma 91 días y 7 procedimientos con un costo del 4,7% del valor, frente a 46 días en Paraguay, 3 días y un procedimiento en Noruega, y un promedio OCDE de 22 días.