¿El Latifundio ó La Falta del Derecho de Propiedad es el Principal Problema que Limita el Desarrollo Rural?

El sector rural boliviano tiene USD 28.880 millones inmovilizados en tierras extralegales —más de tres veces el PIB del país— y el capital muerto total llega a USD 53.960 millones sumando predios urbanos (USD 22.020 millones) y empresas extralegales (USD 3.060 millones), según el BID y el Instituto Libertad y Democracia. No es el latifundio lo que traba el desarrollo rural: es que ese capital no se puede usar. La ley INRA creó dos regímenes de propiedad con consecuencias opuestas. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria pueden vender, hipotecar y excluir, y por eso consolidan derechos, acceden a crédito e invierten; el solar campesino, la pequeña propiedad y las tierras comunitarias de origen son inalienables, indivisibles e inembargables, de modo que no sirven de garantía y no abren la puerta del mercado financiero. Los efectos se miden. La tierra por familia quedó congelada durante tres décadas: 1,46 hectáreas en 1976 y 1,67 en 2004 (Urioste, 2005), señal de que ni los pequeños productores exitosos pudieron comprar a sus vecinos, y por lo tanto de que tampoco tuvieron motivo para mecanizarse. La dotación gratuita agrega un incentivo perverso: si conseguir tierra nueva del Estado cuesta menos que invertir en la que se tiene, nadie mejora el rendimiento de la suya. Y la administración discrecional derivó en prebenda: entre 1953 y 2004, el 72,28% de los beneficiarios recibió el 19,18% de la tierra dotada mientras el 16,79% recibía el 51,11%, con casos de siete títulos sobre un mismo predio. La evidencia externa cierra el argumento: titular subió 12% la aprobación de crédito a familias pobres urbanas en Perú (Field y Torero, 2004) y 35% la probabilidad de invertir en Nicaragua (Laiglesia, 2005).