Dilema del Gobierno: Ropa Usada o Textiles Nacionales

El 93% de la ropa usada que entra a Bolivia llega por contrabando y sólo el 7% por vía legal (IBCE, 2005): derogar el Decreto Supremo 27340 no cerraría la frontera, apenas convertiría ese 7% restante en importación ilegal y le quitaría al fisco lo poco que recauda. Ese es el punto de partida de un documento que saca la discusión del dilema entre textileros y ropavejeros para preguntar por el tercero ausente, que es quien compra. El perfil del consumidor está medido: más del 96% de los consumidores de prendería usada tiene un ingreso mensual que no supera los Bs 900, y como más del 70% sostiene una familia, el ingreso per cápita del hogar difícilmente supera la línea de extrema pobreza. Prohibir la importación es, en los hechos, encarecerle la ropa a la población que menos puede pagarla. El argumento de la productividad tampoco resiste el contraste. Los países que restringen la prendería usada son justamente los menos competitivos del Índice del Foro Económico Mundial 2005: Paraguay en el puesto 114, Perú en el 81 y Argentina en el 64; los que la dejan entrar libremente están mejor, Brasil 49 y Chile 29. La literatura apunta en la misma dirección: León (2002) muestra que los mercados protegidos sostienen costos artificialmente altos, Besley (2005) vincula política de competencia con crecimiento del ingreso, y Okada (2005) encuentra en la manufactura japonesa que a mayor poder de mercado, menor productividad y menor desarrollo tecnológico. El argumento del empleo formal se cae por su base: la OIT (1997) contaba 214.824 microempresas con 70% de informalidad, y UDAPE (2005) sitúa la informalidad industrial por encima del 61%. Lo que sí corresponde exigir son normas sanitarias y el mismo tratamiento tributario que a la prenda nueva. Prorrogar el plazo seis meses, en cambio, sólo abrió espacio a la especulación.