Desigualdad: Reflexiones para el Debate

Bolivia gasta USD 645 al año por alumno de universidad estatal y USD 137 por alumno de primaria y secundaria: 600% más en el nivel educativo que consumen los ricos. El dato que cierra el argumento es quién recibe ese subsidio: el 84% de la población con educación universitaria pública pertenece a los dos quintiles más ricos y sólo el 1,4% al quintil más pobre. El Estado boliviano redistribuye, pero hacia arriba. El documento parte de la afirmación de Friedman —la sociedad que pone la igualdad antes que la libertad termina sin ninguna de las dos— y la contrasta con la evidencia. Kuznets planteó que la desigualdad sube en la primera etapa del desarrollo y baja en la segunda, cuando el crecimiento del capital físico eleva el empleo y los salarios. Nueva Zelanda ilustra el tramo descendente: pasó de un ingreso per cápita cercano a USD 13.500 y un Gini de 0,44 en 1990 a USD 22.500 y un Gini de 0,36 en 2002, mediante mejor educación, reglas claras, seriedad fiscal y apertura comercial (Castro y Sánchez, 2005). Acemoglu y Robinson (2002) matizan que la curva no es una ley: donde la movilidad social es baja, un país puede quedar atrapado con ingreso bajo y desigualdad alta. La conclusión práctica es que primero hay que generar lo que se va a redistribuir. Y que la labor redistributiva del Estado —insustituible— debe cumplir tres condiciones que hoy no cumple: que la redistribución ocurra de verdad, y en salud hay 14 redes urbanas con exceso de médicos frente a 44 redes rurales con déficit; que el beneficiario pueda elegir prestador, y hoy el pobre está atado a monopolios estatales capturados por sindicatos; y que los recursos se focalicen, lo que el subsidio universitario desmiente.