Desastres Naturales y Políticas Públicas

El Niño en 2007 y La Niña en 2008 golpearon a 260 de los 327 municipios bolivianos, con 101 afectados de forma recurrente: 80.303 familias damnificadas —20.809 en Beni y 20.180 en Santa Cruz—, 63 muertos, tres desaparecidos, 132.351 atenciones por infección respiratoria y 63.960 por diarreas. Las prefecturas estimaron el daño en más de Bs 6.114 millones, con Santa Cruz concentrando Bs 4.547 millones. El documento examina la respuesta pública y encuentra un problema estructural, no sólo de voluntad: para disponer de recursos el gobierno necesita primero una norma, luego una fuente de financiamiento, luego reprogramar el presupuesto y recién entonces armar los programas. El D.S. 29453 creó un fondo de USD 600 millones con un préstamo del Banco Central, y llegó tarde en cuatro sentidos: tardó más de un mes en plantearse, seguía sin reglamento dos meses después de iniciada la emergencia, resulta insuficiente frente a un daño estimado en más de USD 800 millones, y compromete la independencia del BCB con las consiguientes presiones inflacionarias. El contraste con la respuesta privada es el argumento central. Tras el huracán Katrina, la compañía hospitalaria HCA contrató transporte y evacuó a sus pacientes mientras el Hospital Charity, estatal, esperaba decisiones burocráticas y terminó siendo socorrido por la privada; Wal-Mart y Home Depot tenían planes de suministros listos. En Bolivia, la campaña Bolivia Solidaria recaudó más de Bs 4 millones en 2007 y más de Bs 7 millones en 2008, y los puso a disposición en menos de dos semanas. La propuesta es la que ya funciona en varios países desarrollados: deducción de impuestos a personas y empresas que donen a entidades no lucrativas especializadas en atender desastres.