“Derechos de Propiedad” en la Propuesta de la Constitución del Gobierno - Parte 2

Los países del quintil superior en respeto a la propiedad registran un PIB per cápita de USD 21.210 frente a USD 4.306 del quintil inferior —casi seis veces más—, y con esa vara el documento examina la segunda parte de la propuesta constitucional. Su reparo más concreto es el artículo 54, que faculta a los trabajadores a reactivar y reorganizar empresas en quiebra, concurso o liquidación. La objeción no es retórica: según Doing Business 2007, los países donde los propietarios recuperan más centavos por dólar de una empresa insolvente son también los que más facilitan los negocios y más inversión reciben. Habilitar la toma por los trabajadores abre tres efectos perversos —incentivo a promover la quiebra, retracción del crédito a empresas en dificultades porque la garantía hipotecaria queda en duda, y presión para obtener privilegios al momento de reactivarla— y bloquea la renovación industrial: si los trabajadores del vinilo hubieran podido reorganizar sus fábricas, el casete y el disco compacto habrían llegado igual desde afuera, y Bolivia tendría un sindicato defendiendo fuentes de trabajo a costa del contribuyente. En tierras, el artículo 394 declara indivisible e inembargable la pequeña propiedad, con lo que el campesino no puede hipotecar y queda fuera del crédito comercial: el capital muerto boliviano suma USD 53,98 mil millones —USD 28,88 mil millones en tierras rurales extralegales, USD 22,02 mil millones en predios urbanos y USD 3,06 mil millones en empresas. Y el artículo 393 condiciona la propiedad al cumplimiento de la función económica social sin definir parámetros objetivos, lo que en el ámbito rural vuelve discrecional el derecho. El artículo 398, que limita el tamaño de la propiedad, busca frenar el latifundio improductivo pero puede frenar también la inversión productiva.