Crédito Bancario al Sector Agropecuario, Nueva Normativa y el Viejo Problema: Falta de Derechos de Propiedad

La cartera bancaria destinada al sector agropecuario boliviano cayó del 11,5% del financiamiento al sector privado en diciembre de 2004 al 4,75% en marzo de 2012 —Bs 2.218 millones—, y lo hizo mientras las exportaciones agropecuarias subían de USD 799 millones a más de USD 1.400 millones en un contexto de precios internacionales favorable. El documento examina el reglamento con que la ASFI intenta revertirlo, en cumplimiento del artículo 57 de la Ley 144. La lógica del reglamento es que hay entidades con liquidez pero sin tecnología crediticia para el agro, y otras —el llamado financiamiento alterno, donde proveedores de insumos y agroindustrias prestan contra producción futura— con la tecnología pero sin liquidez. La norma crea tres modalidades de crédito debidamente garantizado que sustituyen la garantía real: el estructurado, con un agente de retención de pagos que compra la producción y retiene parte del pago; el de producto almacenado, contra depósito en una empresa receptora; y el de producción por contrato, contra un contrato de compraventa. En todos los casos se exige relación comercial previa de al menos dos años, y los límites son Bs 60.000 por productor individual y Bs 112.000 por organización. El documento señala dos límites. Primero, la tecnología crediticia que la norma exige —seguimiento del ciclo productivo en el sitio, personal con conocimiento de ciclos, rendimientos y factores climáticos, sobre productores dispersos en el área rural— encarece la operación, y Siamwalla y Aleem muestran que invertir en información sube la tasa de interés. Segundo, y de fondo: el problema no resuelto sigue siendo que el pequeño propietario no puede vender, alquilar ni hipotecar su tierra. USD 29.000 millones de capital rural extralegal siguen muertos.